Por Libio Pérez y Victor Hugo de la Fuente
“Desde nuestras movilizaciones de 2019 contra las desigualdades, nada ha cambiado realmente a este respecto”, suspira Ignacio Puelma, uno de los que se echaron a las calles de Santiago por aquel entonces. De hecho, en Chile, el 1% de la población posee cerca del 40% de las riquezas nacionales (1). El “estallido social” —como fue llamado por los manifestantes y los medios de comunicación— se prolongó durante cinco meses y el 25 de octubre llegó a movilizar a dos millones de personas por las calles de la capital: aquel fue su apogeo, junto con la huelga general del 12 de noviembre. Lo nunca visto en la historia del país. El levantamiento popular —dirigido contra el Gobierno del milmillonario presidente Sebastián Piñera (fallecido en 2024), que, entre 2018 y 2022, estuvo a la cabeza del país en su segundo mandato presidencial— protestaba contra las desigualdades, la carestía de la vida y las injusticias sociales heredadas del modelo económico neoliberal forjado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Dos han sido sus principales resultados.
Para empezar, en la creación de dos instancias sucesivas —la Convención Constitucional, en funciones entre 2021 y 2022, y, tras su fracaso, el Consejo Constitucional de 2023 (2)— encargadas de dotar al país de una nueva Constitución y acabar con la de 1980, instaurada por la dictadura. Esta última sacraliza la primacía de los sujetos de derecho privados y la lógica de mercado sobre las prerrogativas del Estado, tanto en el ámbito económico como en el de los servicios básicos a disposición de la ciudadanía. Su sustitución constituía una de las principales reivindicaciones del movimiento popular, como quedó confirmado en un primer referéndum en 2020. Pero los dos órganos creados con el fin de lograr este objetivo se malograron en el mismo punto. El rechazo mayoritario de los chilenos a los textos propuestos en sendos referéndums de aprobación –un escrutinio de voto obligatorio– acabó salvando la Constitución de Augusto Pinochet. Esta, pues, sigue imponiéndose a todos los Gobiernos, y en especial al actual, de izquierdas, dirigido por Gabriel Boric, cuya elección debió mucho a la dinámica del movimiento popular de 2019. Este ha sido el segundo resultado del “estallido”.
El jefe de Estado afronta su segundo año de mandato. Aunque su elección impidió la llegada al poder de la extrema derecha de José Antonio Kast (Partido Republicano, PR), no ha podido dar una expresión institucional concreta a las esperanzas de los movilizados. ¿Cómo es que la mayor movilización popular en la historia de Chile ha desembocado en una secuencia política ambivalente, mientras que sus principales exigencias —una nueva Constitución, mayor justicia social— no se han visto satisfechas? Responder a esta pregunta exige retroceder en el tiempo para aclarar las etapas de un proceso tan tortuoso como improductivo.
El fracaso de los intentos de renovación constitucional experimentados entre 2021 y 2023 se explican por dinámicas similares. En ambos casos, las fuerzas dominantes elegidas para cada asamblea —la izquierda y los independientes surgidos de los movimientos sociales que estaban en el origen de la revuelta popular en el caso de la Convención Constitucional; la extrema derecha y los conservadores en el del Consejo Constitucional— se beneficiaron de una sobrerrepresentación en número de escaños en relación con los equilibrios sociológicos reales de la población.
En la Convención, más de dos tercios de los delegados procedían de candidaturas independientes y de izquierda. Ello se debió a la dinámica política puesta en marcha por los actores movilizados en 2019, al fuerte rechazo del Gobierno de Piñera y, también, a la elevada abstención (57%) que aquejó al proceso de elección de los delegados. Esta última tradujo entonces, en primer lugar, la sanción ejercida sobre el Gobierno por los electores de centro y de derecha, descontentos con la gestión de la crisis y que se negaban a legitimar un proceso constituyente concedido a los movilizados del “estallido”. En el caso del Consejo Constitucional —donde el voto de los delegados era obligatorio—, los votantes de derecha y centro entregaron cerca de la mitad de los escaños solo a la extrema derecha de Kast, tan radicalmente hostil a la izquierda como crítica con la gestión del Gobierno de Piñera. Añádase que esta última, junto con la derecha tradicional, ocupaba los dos tercios de los escaños. Todo ello con el trasfondo de la mediocre popularidad de Boric, cuya tasa de aprobación oscila entre el 25 y el 35% desde su elección como presidente del país.
En ambas experiencias, el estado de ánimo coyuntural de la población influyó en el proceso, siempre en detrimento de quienes detentaban el poder. Los dos bandos dominantes aplicaron la misma estrategia perdedora en el seno de las respectivas asambleas: elaborar textos “maximalistas” que se correspondían con su programa político ideal. En el primer caso, dando prioridad a las cuestiones “identitarias”: igualdad de género, diversidad sexual y, sobre todo, derechos de los pueblos autóctonos; unas cuestiones que movilizaron en su contra a gran parte de las clases populares y medias, mayoritarias en la sociedad (3). El 4 de septiembre de 2022, el 62% de la población rechazó la propuesta de una nueva ley fundamental (con una participación del 85%). En el segundo orden de cosas, se redactó un texto aún más conservador que la Constitución de Pinochet en el que se cuestionaba el derecho al aborto —legalizado en 2017 en caso de violación, peligro para la vida de la madre o enfermedad que haga inviable la vida del feto— o se reducía todavía más el papel del Estado en favor, por ejemplo, del refuerzo de los “sistemas mixtos” público-privados en el ámbito de servicios para la ciudadanía, como las pensiones de jubilación o la sanidad. Este proyecto, rechazado por el 55% de los votantes el 17 de diciembre de 2023 (con una participación idéntica a la de 2022), movilizó en su contra a los sectores progresistas de la sociedad y a una mayoría de mujeres y jóvenes.
Esta larga y accidentada secuencia reveló a posteriori la profundidad de las divisiones sociales, políticas y culturales existentes en la población chilena, el peso latente de un electorado moderado y conservador que puede consentir determinadas evoluciones siempre que no pongan en tela de juicio el edificio de la sociedad, y la incapacidad del país para llegar a consensos sobre las transformaciones que deben emprenderse. Ninguno de los grandes problemas que afectan a la sociedad ha sido solucionado y el cerrojo constitucional que impone a Boric el liberalismo económico sigue indemne.
La presidencia de Gabriel Boric
Examinar las condiciones en las que Boric fue elegido presidente permite comprender mejor otros límites a su acción. Este antiguo dirigente estudiantil ganó con holgura el escrutinio presidencial con cerca del 56% de los votos frente al 44% de su adversario, José Antonio Kast. Pero la victoria se debió a la abstención —de cerca del 45%— y a la movilización de una amplia coalición democrática en la segunda vuelta que unió para la ocasión a la izquierda transformadora, el centroizquierda y el centro con el único fin de oponerse a una inminente amenaza común. Boric solo había recabado el 25% de los votos en la primera vuelta, el 21 de noviembre de 2021. El líder de extrema derecha, por su parte, se había puesto en cabeza con cerca del 28% de las papeletas y congregó a gran parte de la derecha en la segunda vuelta.
En el contexto del maratón constitucional iniciado dos años antes, el Gobierno de Gabriel Boric prometió —tanto durante la campaña como una vez instalado en el palacio de La Moneda, en marzo de 2022— varias reformas en respuesta al levantamiento de 2019: ampliar los derechos sociales, reformar el sistema fiscal para hacerlo más justo e interrumpir la privatización del sistema de pensiones de jubilación. Pero su materialización depende de dos condiciones indisociables: un cambio de constitución (que no tendrá lugar) y la construcción de una alianza parlamentaria que apoye sus orientaciones más transformadoras (que nunca adquirirá esta forma en esta perspectiva). Por más que Boric haya sido elegido presidente, carece de una mayoría en el Congreso —que consta de Cámara de Diputados y Senado— que le permita implementar su programa. En las elecciones legislativas, la voz de los chilenos se dispersó en una veintena de partidos y, en la actualidad, las fuerzas de derecha dominan dos cámaras fragmentadas.
Para poder aprobar leyes, la salvación del Ejecutivo pasa por una alianza funcional anudada con las fuerzas socialdemócratas y democristianas que dirigieron el país durante veinte años tras el final de la dictadura. Su acción en el Congreso y en los consejos de ministros erosiona de manera constante las ambiciones transformadoras del programa presidencial original. Y, en ausencia de una estrategia de movilización popular en apoyo de sus acciones —a la cual Boric prefiere la de “habitar las instituciones de la República” (con el fin de dar prioridad a la construcción de consensos parlamentarios en un país políticamente fragmentado)—, el presidente no ha logrado imponer sus reformas estrella: la del sistema fiscal y la de las pensiones. No obstante, a costa de numerosas negociaciones, ha logrado que se apruebe la reducción a 40 horas de la semana laboral, un objetivo al que se espera llegar en un plazo de cinco años. También ha conseguido que cinco millones de personas pertenecientes a las categorías sociales más modestas reciban tratamientos gratuitos en el sistema público de salud. Asimismo, su Gobierno ha aumentado el salario mínimo (algo menor a 500 euros mensuales) e instaurado un impuesto a la industria minera cuyos ingresos alimentan las arcas de los municipios más pobres del país.
Desde su investidura, la cuestión de la seguridad ciudadana ha prevalecido en la agenda pública debido a la presión ejercida desde la derecha. El número de homicidios ha aumentado un 38% entre 2018 y 2023 (4). El fenómeno se explica por la creciente presencia del narcotráfico en el país, al igual que en toda Sudamérica. Boric también ha tenido que hacer frente a la crisis migratoria derivada de la inestabilidad en Haití y Venezuela. Los ciudadanos de la República Bolivariana suponen el 38% de los 1,9 millones de inmigrantes registrados en Chile (los haitianos son cerca del 10%) y el 75% de los que viven en el país en situación de irregularidad (que, a su vez, representan el 17% del total de inmigrantes) (5). Por último, ha tenido que enfrentarse a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de covid-19 y luchar contra la elevada inflación por medio de medidas fiscales y una política de aumentos del tipo de interés bancario. En 2024 fue del 4,5%.
Se ha enfilado la recta final antes de las elecciones generales (presidenciales y legislativas). Se celebrarán el 16 de noviembre y, en caso de que las primeras precisen de una segunda vuelta, el 14 de diciembre. Boric no podrá volver a presentarse. De momento, los sondeos señalan una ventaja para la derecha tradicional, cuya candidata podría ser la alcaldesa saliente de la comuna de Providencia (perteneciente a la región Metropolitana de Santiago), Evelyn Matthei. De todos modos, los resultados de las elecciones municipales y regionales, celebradas en octubre y noviembre del pasado año, revelaron un panorama más diverso de lo esperado. La izquierda gobierna, de hecho, en ocho de las dieciséis regiones del país frente a las seis dirigidas por la derecha, mientras que dos eligieron a gobernadores independientes. A nivel local, ha perdido cerca de cuarenta municipios —entre ellos, Santiago—, en lo que supuso una clara victoria de la derecha, pero todavía conserva ciento once. La coalición Chile Vamos (ChV, de derechas) reforzó su posición sobre el conjunto del territorio con su victoria en 122 ciudades. El avance del Partido Republicano —con el que Chile Vamos compite directamente para hacerse con el papel de fuerza dominante en la derecha con la mirada puesta en las presidenciales— se vio contenido: la formación de Kast, debilitada por su fracaso en el Consejo Constitucional, solo se ha hecho con ocho ciudades en este escrutinio.
Sigue existiendo, pues, la posibilidad de que se dé un Gobierno de continuidad. Pero con ciertas condiciones. Si lo que desea es salir victoriosa frente a la derecha tradicional y la extrema derecha, la izquierda deberá mantener la alianza moderada actualmente en el Gobierno liderado por Boric. Conseguir este objetivo le obligará a llegar a un acuerdo con los socialdemócratas y una parte del centro sobre la instauración de un mecanismo —algún género de primarias— que permita presentar un candidato único a la presidencia y ganar la mayoría en el Congreso gracias a la elaboración de una única lista de candidatos. Si se hace realidad esta perspectiva de unidad, Boric podría contar con un sucesor procedente de sus filas para ponerse a la cabeza del país. Pero, en lo que respecta a las aspiraciones profundas del levantamiento social de 2019, seguirán sin haber transformado Chile.