Por Felipe Portales
Se ha revelado en un artículo aparecido en “El Mercurio” del 23 de marzo pasado (“La PDI y la masonería”, de Sergio Muñoz Riveros) que desde 1990, los cinco directores generales de la PDI han sido todos masones.
Que, además, para sustituir al recientemente renunciado director, Sergio Muñoz Yáñez, “la prensa dio a conocer los nombres de ocho altos jefes policiales, todos
masones”, de los que fue elegido uno de ellos, Eduardo Cerna.
Y que, por último, en la ceremonia de graduación de detectives (159) efectuada en diciembre pasado (y de la cual el autor del artículo cita el sitio web de la Gran Logia de Chile) “en representación del Gran Maestro (de la Masonería), el Primer Gran Vigilante Juan Eduardo Urrutia Bordagaray, entregó la medalla de la Gran Logia de Chile a la primera antigüedad, otorgada al aspirante y Brigadier Mayor Escuela, Nicolás Ignacio Concha Campos.
Además, el Soberano Gran Comendador Carlos Soto Concha también estuvo presente en esta significativa ocasión”. Ceremonia que contó además con la presencia del Presidente de la República, del Ministro de Justicia y de otras altas autoridades.
Con toda razón, el autor del artículo se pregunta: ¿Qué significa exactamente esto? y ¿Por qué la Gran Logia está autorizada para entregar una medalla al mejor egresado de la Escuela de Investigaciones?”.
Dado todos los antecedentes anteriores, no sería extraño que el mensaje
que perciban los jóvenes que se gradúan en esta importante institución de la República sea que sus posibilidades de acceder a sus más altos cargos aumentan extraordinariamente si se afilian a dicha orden que busca el desarrollo espiritual y moral de sus miembros.
¿No pasaría lo mismo si se supiese que desde 1990 los cinco directores generales de la PDI hubiesen sido miembros de otra organización que busca el perfeccionamiento espiritual y moral de sus miembros como, por ejemplo, el Opus Dei? ¿Y que los ocho candidatos a ser el sexto de ellos hayan sido también del Opus Dei? ¿Y que en la última ceremonia de graduación de detectives, el mejor de la promoción hubiese recibido una condecoración entregada por dicha institución?…
Como muy bien lo plantea el cientista político, Carlos Huneeus, “el monopolio de la dirección de la PDI por una élite perteneciente a una corriente filosófica plantea varias preguntas:
¿Eran masones desde antes de ingresar a la PDI o lo fueron después?
¿Por qué sólo masones alcanzan los más altos puestos?
¿En qué momento de la carrera profesional se toman las decisiones que
favorecen a detectives masones?
¿Cuáles son los mecanismos de decisión para separar a quienes ascienden hasta los más altos puestos de quienes son excluidos?” (“El Mercurio”; 28-3-2024).
Una transparente respuesta a estas preguntas la requiere el país entero y la conservación del prestigio tanto de la PDI como de la orden masónica. Sobre todo en un momento del país (¡y del mundo!) en que el conjunto de las instituciones más tradicionales están siendo muy afectadas en su credibilidad moral.
Y más aún cuando los dos últimos directores de la PDI aparecen involucrados
en graves actos de corrupción por lo que tuvieron que dejar sus altos cargos y enfrentan hoy a la Justicia.