Por Sergio Rodríguez Gelfenstein
En sus “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana” José Carlos Mariátegui señala que los colonizadores españoles en el Perú destruyeron -sin poder reemplazarla- la fenomenal “máquina de producción” incaica caracterizada por la agrupación de comunas agrícolas y sedentarias que hacía que el pueblo viviera con bienestar material.
Ahí comenzó el problema, toda vez que esto significó la disolución de la unidad de la sociedad indígena en comunidades desperdigadas. La explotación colonial de las minas de oro y plata y de los suelos, transformaron una economía socialista originaria en una de carácter feudal.
Esto condujo a que un virreinato tan rico, deviniera en una “empresa militar y eclesiástica” más que en una estructura política y económica. Ese es el origen de la clase política peruana que en su primer momento estuvo conformada por una ínfima población de “virreyes, cortesanos, aventureros, clérigos, doctores y soldados”. Según Mariátegui, el más extraordinario pensador peruano de la historia, en 1928, cuando escribió esta colosal obra, las bases de esa economía colonial mantenían aun tal estructura, aunque comenzaba su tránsito hacia una economía burguesa.
Decía Mariátegui: “El problema está en las raíces mismas de este Perú hijo de la conquista. No somos un pueblo que asimila las ideas y los hombres de otras naciones, [San Martín y Bolívar lo vivieron en carne propia] impregnándolas de su sentimiento y su ambiente, y que de esta suerte enriquece, sin deformarlo, su espíritu nacional. Somos un pueblo en el que conviven, sin fusionarse aún, sin entenderse todavía, indígenas y conquistadores. La República se siente y hasta se confiesa solidaria con el virreinato. Como el virreinato, la República es el Perú de los colonizadores, más que de los regnícolas. El sentimiento de las cuatro quintas partes de la población no juegan casi ningún rol en la formación de la nacionalidad y sus instituciones” A casi 100 años, esta radiografía hecha por el amauta se mantiene incólume.
La sociedad peruana de los años de la independencia era un verdadero caos. El general San Martín ayudado por Bernardo Monteagudo intentó -bajo presión de la logia secreta a la que pertenecía- darle un orden a la gestión de gobierno, pero una estructura feudal aún presente y acostumbrada a los esplendores y los títulos nobiliarios, lo hicieron imposible, iniciando la conspiración desde el mismo momento de la llegada del general rioplatense al país incluso llegando a asesinar a Monteagudo. No le perdonaron que fuera inteligente, eficiente, pulcro en la administración, culto y negro. Tampoco concebían que San Martín tomara drásticas medidas de expropiación de bienes a los españoles, así como su expulsión del territorio nacional. La casta oligárquica peruana que emergió de la independencia se puso del lado de los peninsulares y en contra del líder que acudió con un ejército internacional a darle patria y libertad al Perú.
Otro tanto le ocurrió a Bolívar. Tras la instalación del Congreso y la renuncia del general San Martín en septiembre de 1822, el nuevo gobierno fue incapaz de sostener la acometida española que pretendía reconquistar el poder. En esa circunstancia, de forma apremiante y en varias ocasiones, se reclamó el apoyo de Colombia y la presencia del Libertador para salvar la situación y dirigir personalmente la guerra. En enero de 1823 se vislumbraba un horizonte crítico, en marzo Bolívar decidió enviar un gran contingente militar al mando del general Sucre con facultades absolutas para tratar de resolver el conflicto que emergía de la división de los peruanos y el poder dual que de ello emanaba. Difícil tarea la de Sucre, a pesar de ofrecer sus servicios al general Santa Cruz, boliviano al servicio del Perú, pero su desmedida ambición y su falta de capacidad de conducción militar en el terreno de las operaciones imposibilitaron organizar un ejército que contuviera a los españoles.
Bolívar llegó al Perú el 1° de septiembre y el 11 el Congreso lo dotó del mando supremo y la dirección de la guerra, despertando la ira del general peruano Riva Agüero que recibió el apoyo financiero de los comerciantes de Lima para actuar en paralelo a las fuerzas comandadas por Bolívar que se subordinaban al presidente Torre Tagle. Como se ha sabido, Riva Agüero se estaba entendiendo en secreto con los españoles pretendiendo disolver el Congreso y destruir a Bolívar, configurando una traición que seguía abonando a una práctica que comenzaba a tornarse tradicional en el devenir de la oligarquía peruana. Para ventura del Perú esta traición fue descubierta, denunciada y desmontada por el coronel patriota Antonio Gutiérrez de la Fuente.
Pasaron más de cien años hasta que en la segunda mitad del siglo XX, el 3 de octubre de 1968, un sector nacionalista y progresista de las fuerzas armadas decidieron derrocar al inoperante gobierno de Fernando Belaunde Terry. Bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado se inició un proceso de rescate de la dignidad y del patrimonio nacional, golpeando directamente a empresas transnacionales estadounidenses que campeaban por sus fueros en el país. Así mismo, se implementó una extensa reforma agraria que bajo el control de cooperativas campesinas y sociedades agrícolas de interés social comenzaron una verdadera revolución en el campo.
El gobierno cívico-militar decretó el quechua como lengua oficial, expropió complejos agroindustriales y mineros y grandes monopolios que concurrieron a configurar una poderosa economía estatal al servicio del pueblo. El 1° mayo de 1974, el proceso popular peruano dio un salto adelante cuando el general Velasco Alvarado anunció nuevas medidas en beneficio de los trabajadores y el pueblo. Pero, en los primeros meses de 1975, el general Velasco Alvarado enfermó gravemente, creando las condiciones para una nueva traición cuando sectores de las fuerzas armadas dirigidos por el general Francisco Morales Bermúdez, coludidos con la oligarquía, la embajada de estados Unidos y las organizaciones financieras internacionales dieron un golpe de Estado “suave”, eliminando consecutivamente todos los avances sociales logrados en los últimos siete años. La reforma agraria fue paralizada, se disolvieron las estructuras gubernamentales de apoyo a las reformas, persiguieron y reprimieron las organizaciones populares, reprivatizaron muchas empresas y clausuraron locales sindicales. En 1978, una vez más, la traición se había consumado.
En 1985, de la mano de un joven político llamado Alan García, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) fundada sesenta años antes por Víctor Raúl Haya de la Torre accedió por primera vez al poder. Durante su gobierno, García implementó una serie de medidas de corte popular bajo el lema de “el aprismo es un socialismo latinoamericano”. El gobierno del APRA se propuso recuperar el control sobre la producción petrolera y expropiar los bancos. Además, introdujo la novedosa medida de reducir el pago de la deuda externa al 10% del valor de las exportaciones.
Sin embargo, la incapacidad de generar una verdadera y profunda transformación de la sociedad con participación popular, así como el agotamiento de los recursos financieros, el incremento de la acción terrorista de Sendero Luminoso y la repulsa de las élites por las medidas de corte popular, fueron mermando el apoyo del pueblo que una vez más se sintió traicionado, abriendo paso a dos manifestaciones de extrema derecha que buscaban reconquistar el poder y que tuvieron en Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa los paladines de un retroceso iniciado en 1990 y del cual el país aún no ha podido salir.
Así, se inauguró un proceso de seis presidentes: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra (con la sola excepción de Valentín Paniagua en este período) que han salido de la Casa de Pizarro para después ser juzgados y/o encarcelados, (salvo García que prefirió recurrir al suicidio), que tienen dos características en común: una actuación corrupta y el haber hecho campaña con un programa para gobernar con otro distinto, traicionando el sentimiento y la voluntad del pueblo. Es el sino maldito de la oligarquía peruana.
Vale hacer un paréntesis para señalar el detalle del nombre del palacio presidencial peruano que evoca y honra al feroz conquistador que después de traicionar al Inca Atahualpa, lo asesinó brutalmente al igual que a decenas de miles de indígenas. Su hermano, Hernando, a su vez traicionó a su socio Diego de Almagro, todo lo cual inauguró una estirpe que tal vez aún hoy está presente en la rancia oligarquía limeña.
¿Quién puede entonces sorprenderse de lo que acaba de ocurrir en el país? En realidad, lo que ha pasado es que dos secciones putrefactas de la élite se han enfrentado en la búsqueda de un poder que les permita evadir la justicia para seguir defendiendo sus intereses a través de la corrupción, el engaño y la marginación del pueblo de la toma de decisiones, por supuesto, todo en nombre de la democracia y la libertad.
Por cierto, otro paréntesis. Vale también mencionar el entorno poco halagüeño del denominado “Grupo de Lima” creado en esa ciudad para derrocar a Nicolás Maduro que se sigue sosteniendo en el poder, mientras tres presidentes peruanos han hecho maromas en este período a ver si la corrupción les permite no apartarse del mismo.