Por Miguel Lawner
Luego de la victoria obtenida por los pelucones o conservadores en la batalla de Lircay (1), se implanta en Chile un régimen aristocrático, consolidado mediante la Constitución de 1833, carfta magna que estuvo vigente hasta 1925, es decir a lo largo de 92 años.
En dicha Constitución, para ser ciudadano activo, se debía tener veinticinco años cumplidos, salvo los casados que podían serlo desde los veintiuno, saber leer y escribir, y poseer cierta fortuna en capital o en bienes raíces. Es el llamado sistema censitario, vigente en Chile hasta 1874, cuando se estableció por primera vez el sufragio universal, subrayando la obligación de saber leer y escribir.
Aristóteles, en su III libro “Política”, enumeró diferentes tipos y partes de comunidad, entre los cuales estaban: los “oligoi”, la riqueza de los pocos, y los “aristoi”, los mejores.
El Reglamento del futuro Consejo Constitucional, redactado por la Secretaría del Senado y la Cámara de Diputados, restablece de hecho, el imperio de la aristocracia hoy, en el año 2022 de nuestra historia republicana.
En efecto, la Comisión de Expertos, “será conformada por 24 personas de “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”. La Cámara de Diputadas y Diputados escogerán 12 miembros, mientras que los otros 12 serán escogidos por el Senado en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas”.
“Quienes sean parte de esta comisión deben cumplir ciertos requisitos:
a) tener un título universitario o grado académico de -a lo menos- ocho semestres de duración”.
b) Acreditar una experiencia profesional, técnica y/o académica no inferior a 10 años, sea en el sector público o privado”.
Y ojo; por si se les escapaba alguno:
c) “No podrán ser parte quienes tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular, por ejemplo, los antiguos convencionales”.
A su vez, el Comité Técnico de Admisibilidad:
“Será un órgano compuesto por 14 juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputados y Diputadas.
Deberán tener el título de abogado, con al menos 12 años de experiencia en el sector público o privado, y acreditar una destacada trayectoria judicial, profesional y/o académica”.
¿Quién calificará semejantes méritos?………
“Este órgano tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión de Expertos y en el Consejo Constitucional, para determinar una eventual inadmisibilidad de éstas cuando sean contrarias a las bases institucionales”.
Francamente: imposible más exquisitamente antidemocrático.
Me avergüenzo solo de escribirlo. Este país, que a partir de la Constitución de 1925 fue ampliando cada vez más el imperio auténtico de los valores democráticos, con algunos costalazos, es cierto, pero siempre avanzando hasta culminar con los mil días más auténticamente democráticos de nuestra historia, logrados tras la victoria de Allende en 1970, no puede haber restablecido de un plumazo el imperio de la aristocracia. Todo esto sin que, a nadie le llame la atención, salvo a este viejo obstinado.
Es cierto que el Senado, la institución más desprestigiada de Chile, aún tiene que aprobar semejante insulto a la historia de Chile. No nos hagamos lusiones.
Como siempre, el único camino será salir a la calle a fin de restablecer en algo, el imperio de la soberanía popular, tan venida a menos tras el desastre electoral del 4 de septiembre pasado.