Juan Pablo Cárdenas S. | Lunes 1 de abril 2024.
A propósito de la resolución de la Corte Suprema que ordena el desalojo de una mega población en la ciudad de San Antonio, los chilenos han podido observar por la televisión y otros medios informativos la situación que aqueja a cientos de miles de personas que han debido tomarse terrenos privados y públicos para levantar sus precarias viviendas. Se trata de personas pobres que con sus escuálidos recursos han organizado campamentos, verdaderos barrios y pueblos para ejercer su derecho a vivir bajo un techo, aunque siempre bajo las inclemencias del clima, los altos riesgos de catástrofes, como el de aquellos horrendos incendios ocurridos una y otra vez en los cerros de Valparaíso.
Hablamos de un Chile tan real como el de aquellas comunas y barrios en que viven la clase media y los sectores más acomodados del país que muchas veces nos dan la idea de habitar en un país rico, con una población que goza de un alto poder adquisitivo, cuando lo cierto es que son cada día más los habitantes en extrema pobreza e indigencia. Drama agravado con la ya prolongada crisis económica, ese más del 10 por ciento real de desempleo y aquellos precarios sueldos que perciben más de la mitad de los trabajadores del país, como prácticamente el 90 por ciento de los jubilados o pensionados.
Una realidad que sobrecoge a los que mantienen sensibilidad social los que, por cierto, no se cuentan entre los magistrados que deciden otorgarse recursos para adquirir autos de lujo, ni tampoco en la llamada clase política que, en cuanto ministros, parlamentarios, alcaldes y otros, exhiben ingresos muchas veces por encima del de los legisladores y altos funcionarios públicos de Estados Unidos y otros paises de Europa.
Claramente, el crecimiento que experimentó Chile por varios años no tuvo nada que ver con la equidad social prometida por los gobiernos de la posdictadura. Por el contrario, las cifras comprueban que se ha profundizado la concentración de la riqueza, que las listas de espera en los hospitales son pavorosas y que, a consecuencia de la injusticia social, la criminalidad crece y cobra día a día más víctimas inocentes. Consolidando, consecuentemente, la importación de bandas de narcotraficantes, que hasta aquí desafían el poder de las policías, tienen a las cárceles como centro de operación y han extendido sus tentáculos hasta las más estratégicas instituciones del Estado.
En un año electoral, se ve a los partidos políticos de derecha a izquierda en conciliábulos para armar alianzas y listas que les permita seguir disfrutando de los recursos fiscales, salvo esas honrosas excepciones que todavía pueden descubrirse en la política. Cabildeos solo interrumpidos por los bullados delitos de “cuello y corbata” cometidos por altos funcionarios policiales, militares, abogados y empresarios inescrupulosos, cuanto en aquellos desfalcos cometidos por jóvenes operadores políticos, traducidos en decenas de fraudes al fisco y apropiación de recursos fiscales que tendrían que haberse destinado a la construcción de viviendas populares o “soluciones habitacionales” como eufemísticamente son llamadas por su precaria calidad.
Mientras tanto muchos activistas de izquierda solamente discurren frente a esta crisis de pobreza e inseguridad, la posibilidad de otorgarle más recursos a las policías, acatando decisiones judiciales para ganar dividendos electorales dentro de una población aterrorizada que día a día se hace más proclive a regímenes autoritarios como el que tenemos ahora al otro lado de los Andes, o en países del Continente que asumen la lucha contra la delincuencia con medidas que trasgreden escandalosamente los Derechos Humanos y la propia democracia.
De derecha a izquierda, pasando por los altos dignatarios de los Tribunales, el tema ahora no es el de la justicia social y la equidad. La solución de Boric, incluyendo a gran parte del oficialismo y de la oposición, consiste en mayor represión policial y a gritos surge el clamor de llamar a los militares para poner orden en todos las ciudades y poblaciones del país. “Mano dura” y “todo el rigor de la ley” para los trasgresores del orden es lo que alientan ahora ministros socialistas, por ejemplo, compitiendo en su discurso con los de diputados y senadores de oposición. Así como el de aquellos alcaldes que ya no se proponen el bienestar de sus comunas, sino destinar cuantiosos recursos para la adquisición de armas disuasivas, afán que no debiera solventarse con recursos municipales en un país en que la seguridad es tarea del Estado.
Por lo mismo es que en las campañas electorales, ediles, gobernadores y concejales ya no prometen dotar a sus comunas de más escuelas, plazas, policlínicos, bibliotecas y otros, sino fundamentalmente de más patrullas, cámaras de vigilancia y guardias de seguridad. Las promesas, al respecto, no difieren mucho entre gobiernistas y opositores, tanto que sus recursos propagandísticos ya no destacan el nombre y emblemas de sus colectividades, porque para todos parece ser un demérito la militancia política. Lo que se impone, actualmente es el dinero para ganar sufragios.
Entre tanto, unos y otros difieren la necesidad de aprobar una Reforma Tributaria, una nueva ley de pensiones y otro conjunto de demandas que duermen en el Poder Legislativo. Temas que pudieran realmente distinguir entre las posiciones de izquierda y de derecha.
La tal llamada “política de los acuerdos”, ahora no es más que una excusa para no hacer nada que pueda oler a cambios en este país en que todos presumen de la solidez de sus instituciones democráticas, pero que tuvo que imponer el sufragio obligatorio para poder ufanarnos de que somos una nación republicana y occidental. Para lo cual se hace necesario que la derecha y la izquierda unidas asuman la misma identidad ideológica para que todo siga igual. De allí que el llamado de un parlamentario comunista a la necesidad de movilizar al pueblo para conseguir las reformas cause tanto escozor en la derecha como incomodidad en el Ejecutivo.
Quizás si en la decisión de la Corte Suprema de desalojar los campamentos exista la voluntad de algunos magistrados de agudizar las contradicciones sociales y alimentar un nuevo estallido social. Sin embargo, tal desaprensión parece ser consecuencia de que jueces y magistrados dependen del poder político. De La Moneda, el Parlamento y de los lobistas que continúan pululando por los pasillos del Poder Judicial.