Juan Pablo Cárdenas S. | Martes 2 de enero 2024.
El propio presidente Gabriel Boric se encargó de comunicarle a su país el acuerdo alcanzado entre Codelco, la minera estatal más importante de Chile, y Soquimich (SQM), la empresa privada que desde algunos años opera en el rico salar de Atacama. La noticia es que ambas entidades han acordado la explotación conjunta de las enormes reservas de litio presentes en el desierto nortino.
En esta nueva sociedad las entidades serían dueñas del 50 por ciento cada una hasta el año 2060, correspondiéndole a la minera fiscal administrar la empresa en su primer período, esto es hasta 2030, después de lo cual la gestión le correspondería a SQM.
Se trata del convenio más significativo en la historia empresarial chilena, el que de lograr las proyecciones y prosperar la buena relación entre ambos socios, le dejaría al erario nacional ingentes recursos para el desarrollo de la economía nacional.
De los beneficios que este acuerdo pudiera reportarle al país nadie duda, como tampoco del hecho que la nueva empresa se pondría prácticamente a la cabeza en el mundo en esta actividad y le aseguraría a Chile mayor confianza entre los potenciales inversionistas privados y extranjeros que buscan tierra fértil para sus negocios.
A Boric se le ha celebrado su pragmatismo en la consolidación de este acuerdo. Ello se debe a que nadie habría imaginado que la cuestionada empresa de Julio Ponce Lerou, el yerno del Dictador, terminara asociándose con el Estado después de que durante largas décadas desde la política y, en particular desde la centro izquierda, lo que se propiciaba era la recuperación de una empresa mal habida durante la Dictadura, como muchas otras fuentes productivas fiscales que Pinochet vendió a precio vil a sus amigos y parientes.
Durante los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, lo cierto es que nada se hizo por recuperar las empresas expoliadas. El propio Patricio Aylwin prometió “justicia en la medida de lo posible”, por lo que en materia empresarial también todo quedó como lo dejara dispuesto la Dictadura.
Para mayor abundamiento del bochorno que a muchos provoca esta noticia, Soquimich se contó hasta hace pocos años entre las entidades empresariales que colaboraron al financiamiento ilegal de la política, otorgando grandes recursos destinados a favorecer a candidatos y legisladores en ejercicio. Lo que se tradujo en severas y documentadas denuncias periodísticas y sendas investigaciones judiciales pero que culminaron en condenar a los infractores con penas muy discretas y escandalosas, así como la impunidad completa para Ponce Lerou y otros empresarios que ejercieron un millonario cohecho. Un delito de “cuello y corbata”, como se sindicó.
Es perfectamente posible sospechar, entonces, que estos recursos destinados a corromper a políticos y jueces hoy estén cobrando un dividendo tan suculento como el que le permitirá a Soquimich convertirse en el socio principal del estado chileno y con ello conjurar la posibilidad de que el Fisco pudiera algún día recuperar lo otorgado ilícitamente a la llamada iniciativa privada.
Son tan gigantescos los recursos de esta empresa que sus sobornos pueden haber favorecido, también, a los ejecutivos de Codelco que se ven tan entusiasmados con este acuerdo. Así como a medios de comunicación y periodistas que no dejan de celebrar la noticia anunciada por el propio Jefe del Estado. Algo insólito si se recuerda lo que Boric declaraba en el pasado contra Ponce Lerou, como la posición asumida por las agrupaciones de izquierda antes de arribar al gobierno.
Lo cierto es que todo esto ha significado un gélido baño de realismo de parte de la cuestionada política chilena. Podríamos decir que ni la derecha o el mundo empresarial habrían imaginado tanta audacia. Con lo que se ratifica, una vez más, que sean los gobernantes de izquierda los que muchas veces cumplen con las más sentidas ideas de la derecha, como se trata de este acuerdo empresarial, y el reciente hecho de que los más importantes detractores de la Constitución de 1980 hayan propiciado y ganado un plebiscito para darle continuidad a la Carta Fundamental de Pinochet.
Seguramente para aliviar su mala conciencia y demostrar cierto pudor, los negociadores de este magno acuerdo empresarial han concordado que en los directorios de la nueva entidad minera se abstenga de participar el propietario mayoritario de Soquimich, Julio Ponce Lerou, o algún pariente suyo “hasta el segundo grado de consanguinidad”. Una cínica obligación que se impondría hasta el 2030.
Es así como un experimentado senador izquierdista, hace poco fallecido, se atrevió a declarar que el gobierno socialista de Ricardo Lagos había sido la mejor gestión de derecha de toda la posdictadura. Así como otros no podían dar crédito a que un Presidente de derecha como el de Sebastián Piñera se haya prodigado en tantos bonos en favor de la clase media y de los más pobres: Al tiempo de haber logrado con generosos recursos fiscales hacerle frente con éxito a la pandemia del Coronavirus. “Nadie sabe para quién trabaja” se llama ese antiguo juego.