Juan Pablo Cárdenas S. | Lunes 20 de noviembre 2023.
Cada vez deben ser menos los chilenos que viven en un país imaginario. En ese “jardín del Edén” libre de corrupciones, delincuencia y organizaciones criminales. Esto es en un oasis dentro de un continente convulsionado por los trastornos que se suponía estábamos al margen.
La caprichosa realidad, en cambio, se ha encargado de demostrarnos que nada es en Chile muy distinto a lo que sucede en nuestro vecindario. La política ha devenido aceleradamente en faltas a la probidad, así como las organizaciones empresariales y las prácticas de nuestros jueces y tribunales, en que la impunidad general es un acicate tan decisivo del crimen que hoy nos tiene a merced de las mafias organizadas que cometen toda suerte de horrendos delitos. A los que habría que agregar los despropósitos policiales y la corrupción de funcionarios públicos.
Ningún tema es tan importante como el de la inseguridad, en lo difícil que resulta vivir en un país asolado por los robos, secuestros, asaltos y otros cometidos por bandas cuyo poder de fuego hace ya largo rato supera el de las fuerzas disuasivas. Nadie duda que la delincuencia común nos tiene asolados y los delitos de “cuello y corbata” se hacen más ostensibles.
A propósito de la difusión por la prensa de una larga grabación en que dos connotados abogados y un empresario convienen en coludirse para organizar una “caja” con recursos para sobornar a funcionarios públicos, los tres miembros de esta extensa y documentada tertulia hoy se encuentran imputados por un delito que, de un tiempo a esta parte, ha adquirido penas mucho más rigurosas, luego del descubrimiento de múltiples y millonarias operaciones destinadas a defraudar al fisco, eludir y evadir impuestos. En una seguidilla de prácticas que, pese a su gravedad y alta connotación social de sus autores, llevara a muy pocos a la cárcel y no logrará, en realidad, inhibir a empresarios, profesionales y funcionarios públicos corruptos.
En principal implicado en este nuevo escándalo es el abogado Luis Hermosilla, un destacado penalista que ha podido ufanarse de trabajar con todos los gobiernos de la posdictadura, en circunstancia de que en su juventud fue uno de los cabecillas de la estructura militar del Partido Comunista. Un personaje, por cuya fama y peculio, fue requerido para defender a uno de los más repugnantes pedófilos chilenos, hacerse cargo de la acusación contra el autor del crimen del ex senador pinochetista aime Guzmán e integrar el staff de abogados defensores del mundo empresarial que incurren en delitos tributarios y cohecho.
Tanto así que al momento de destaparse este nuevo escándalo estaba oficiando como defensor del principal asesor del presidente Boric, acusado de transgredir el Estatuto Administrativo y cometer abusos en su cargo, según el parecer de quienes lo tienen cuestionado desde el mismo Parlamento. Un abogado que se le asigna, además, ser muy influyente en el nombramiento de jueces y ministros de corte y de poner en práctica un “tarifado” o un “menú de servicios” para hacer desaparecer expedientes, corromper (él mismo dijo) a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y otros para satisfacer la voracidad de los empresarios enriquecidos ilícitamente bajo su asesoría profesional.
Su prontuario es largo, pero, tal como ha sucedido con otros connotados hampones, hoy se encuentra imputado por una torpeza difícil de imaginar en un profesional tan habilidoso. Esto es, la grabación de más de una hora y media de franca y descarada conversación en su propio despacho y en el que pasaron cuenta de más de cincuenta nombres de empresarios atendidos o relacionados a él. Entregando detalles, también, de sus cómplices y operadores dentro de la Administración Pública y conviniendo la necesidad de implementar a la brevedad un “fondo” destinado a aceitar su maquinaria delictual. Sin duda un registro precioso para alimentar el bullado juicio que se viene con sus aristas penales, tributarias y otras. Y en que, más temprano que tarde, deberán aparecer toda suerte de variopintos políticos con los cuales Hermosilla guardaba tan buenas relaciones.
Los observadores de este nuevo y bochornoso escándalo aseguran que solo la codicia de Hermosilla y sus clientes puede explicar lo sucedido, habida cuenta que –a pesar de sus “pecados políticos de juventud”- logró mantener muy buenas relaciones con el ex presidente Sebastián Piñera, su ministro de Interior y otras personalidades de derecha, centro e izquierda. En los que se conoce como la transversal corrupción de la clase política.
Los primeros pasos de este proceso anotan diligencias judiciales y medidas administrativas que le complicarán mucho la vida a los tres primeros imputados, cuando se supone que se trata de un evento en que al menos podrían “caer” unos mil empresarios inescrupulosos y otro alto número de “servidores” públicos y estudios jurídicos. En un asunto que ya se calcula que lo defraudado puede superar un PIB completo de nuestra economía y, desde luego, los montos espurios de otros casos de corrupción.
A escuchar la grabación proporcionada por los destacados periodistas de CIPER Chile cualquiera puede deducir que la situación procesal de los imputados les hará poco menos que imposible escapar indemnes. Tanto que algunos extrañan que estos mafiosos y otros no hayan sido puestos todavía detrás de las rejas. Sin embargo, hay quienes anotan que este caso puede afectar en los esfuerzos que el país hace para atraer inversionistas extranjeros y convencer al mundo de que somos un país serio y seguro.
Lo que se teme es que, en su destreza e influencias, Hermosilla y sus secuaces discurran algo para esconder las pruebas e imputarle a la prensa, como ya lo hacen, de ser la responsable de difundir una grabación que, según los acusados, vulnera el secreto profesional. Despreciando el poder que tienen estos recursos periodísticos para sacar de sus guaridas a los malhechores y desarticular las más poderosas redes de corrupción. Sin embargo, los hechos son tan poderosos que la condena social se hace inevitable, pese a los vericuetos de la justicia que siempre tarda y tantas veces no logra su cometido.
En cuanto a que Chile sigue siendo un país probo es algo que choca demasiado con las evidencias cotidianas. Y ya se sabe que la impunidad solo alimenta el malestar público y los estallidos sociales. Tanto que hay muchos que creen que nuevos episodios de esta naturaleza están a la vuelta de la esquina, con una población que sufre los rigores de la delincuencia sumado a sus inclemencias económico sociales.