Juan Pablo Cárdenas S. | Domingo 5 de febrero 2023
No debiera constituir sorpresa alguna que varios medidores mundiales sobre opinión pública coincidan en la decepción de millones de ciudadanos respecto de la democracia y su posibilidad de servir realmente a los intereses de sus naciones. Los políticos y partidos llamados a administrar los gobiernos hoy están en tela de juicio cuando se aprecia que el principal objetivo de estos es arribar o mantenerse en el poder más que cumplir con la voluntad soberana del pueblo.
A los ciudadanos les es cada vez más indiferente o irritante el comportamiento de quienes debieran ser sus líderes y conductores. Tanto en Europa como en los Estados Unidos la avidez de dirigentes y colectividades marca el auge y caída de las múltiples esperanzas electorales. Especialmente, cuando los perfiles ideológicos de las colectividades se desdibujan en el pragmatismo y, de alguna manera, se rinden a la idea de que todo va a seguir igual tanto en la economía como en las perspectivas de desarrollo de sus poblaciones. Tal es así que ya da lo mismo elegir a republicanos o demócratas, a conservadores o socialdemócratas, cuando el triunfo en las urnas de partidos progresistas, como ocurriera en Grecia, lleva posteriormente a los elegidos a repetir las mismas conductas de quienes los antecedieron en sus cargos. Es decir, postrarse nuevamente a las indicaciones del Banco Mundial y los países hegemónicos.
Ya se vio antes cómo los archirrivales partidos políticos alemanes consolidaron un acuerdo para gobernar al país y repartirse los cargos de la administración pública. Incluso, ahora, el arribo de una neofascista en Francia lo más probable es que la haga comportarse de la misma manera que sus antecesores. Es decir, que todo lo deje muy parecido a lo que encontró.
En América Latina está por verse que el gobierno de Petro, en Colombia, o de Lula, en Brasil, vaya a representar un cambio de rumbo real en el modelo económico y social que rige al Continente. Y no suceda lo que pasó en Argentina de Macri a Fernández en que solo se ha acrecentado la crisis, la desigualdad social, la corrupción y la misma desesperanza popular.
Ya vemos cómo en Chile poco a poco las promesas de los partidos de izquierda que eligieron a Gabriel Boric empiezan a tropezar también con la realidad, el poder y los dictámenes de quienes siguen sintiéndose los dueños del país, por más que antes el triunfo de la Concertación y ahora de esa infinidad de expresiones vanguardistas les haya causado escozor.
Una vez en La Moneda, el nuevo mandatario nombra como ministro de Hacienda a quien le daba plenas garantías al mundo empresarial y a los políticos de derecha que valoran en él su “ponderación”, “prudencia” y otros atributos que garantizan la continuidad del orden heredado de la Dictadura Militar, como de sus sucesores en La Moneda; sistema que hasta se prometió pulverizar en la contienda electoral.
Aunque se habla de que tendremos reformas previsional y tributaria, todos los días se nos viene advirtiendo que éstas solo podrán avanzar en la “medida de lo posible”, que tendrán sí o sí que ser negociadas con un parlamento de mayoría opositora y con ese conjunto de gremios patronales que manejan los más poderosos medios de comunicación que influyen muy determinantemente en un electorado de pobre formación cívica y nivel educacional. Tanto así que el propio proceso constituyente culminó con una inmensa desaprobación ciudadana que, como se sabe, prefirió pasarle la cuenta a los primeros meses del nuevo gobierno, a sus innegables desprolijidades y a su incapacidad de frenar la acción de la delincuencia desenfrenada, tema que hoy, sin duda, continúa representando lo que más preocupa a los chilenos. Ciertamente por sobre la inflación, el aumento del desempleo y el grave deterioro del poder adquisitivo de la población.
Es evidente que luego del fracaso por dotarnos de una nueva Constitución, lo que tenemos hoy es la colusión de todos los partidos de derecha, centro e izquierda concertados en el Parlamento por un nuevo intento de reforma constitucional que esta vez estará estrictamente acotado en sus márgenes o “bordes” de acción, puesto que le reservará a tres instancias superiores nominadas a dedo por las cúpulas políticas la aceptación y redacción definitiva de la “buena”carta magna que tanto se proclama. Ello significa que el texto que se evacue de la nueva convención constituyente “elegida por el pueblo” podrá ser enmendado parcial o fundamentalmente por los representantes de los legisladores prácticamente de todo el espectro político que ocupan escaños en el Congreso Nacional. En los que destacan personas de linaje social y supuesta experticia profesional que en nada prácticamente representan al grueso del electorado nacional.
Ciertamente, se trata de una defección democrática escandalosa que, a pesar de todo, pudiera nuevamente abortarse en el llamado “plebiscito de salida” que se le reserva finalmente a los ciudadanos y donde podrán decir solo si o no al texto que resulte de todos los filtros ya señalados para resguardar el sistema institucional vigente, normado por la Constitución Guzmán, Pinochet, Lagos. Una Carta Magna que, en definitiva, terminó encantando al conjunto de la clase política, aunque en las contiendas electorales sea cínicamente imputada como la principal responsable de los pesares nacionales.
Pero, a punto de tomar vacaciones, la clase política está eufórica y se apresta a enfrentar un nuevo proceso electoral para elegir a los nuevos constituyentes en un proceso de nominación de candidatos que solo le atañe ahora a los partidos y para nada a los referentes sociales. Tanto así que en esta oportunidad solo se aceptarán a candidatos independientes que sean nominados por los partidos. Aunque la paridad, al menos, volverá a ser respetada, de tal manera que lo que resulte como convención constitucional tendrá el mismo número de hombres y mujeres. La única decisión podríamos señalar como democrática, además el voto ciudadano obligatorio, que se ha instaurado desde los últimos comicios. Lo que ciertamente inquieta a los partidos y a sus “operadores electorales” por lo complejo que resulta prever los resultados electorales con tantos sufragantes. Millones de los cuales nunca habían votado.
Aunque todo está ahora bien normado y acotado por una democracia verdaderamente secuestrada, es poco previsible que en este nuevo año la popularidad del gobierno de Boric vaya a remontar de sus alicaídas cifras, cuando el nuevo Presidente viene desahuciado tanto sus promesas y se encuentra empeñado en hacer todo por consenso con la oposición y los poderes fácticos. Incluso a remover a ministras y otras personas de su confianza, presionado por los medios informativos y una derecha que se taima y abandona las instancia de diálogo con el Ejecutivo.
Es previsible que este deterioro de imagen lleve de nuevo a la ciudadanía a rechazar la nueva Carta Básica, cuando se asume que el ordenamiento institucional es poco lo que le interesa a millones de electores que ven en estos comicios la posibilidad de protestar más bien contra el desempeño del Gobierno y del Parlamento, las dos instituciones que encabezan los sondeos populares de descrédito.