Juan Pablo Cárdenas S. | Miércoles 3 de agosto 2022
En todos los observadores electorales se hace común la idea de que los resultados del próximo plebiscito serán muy estrechos. Que si gana la opción “apruebo” o la del “rechazo” será por un margen discreto de sufragios, lo que de todas maneras dejará en duda la plena legitimidad de la nueva Constitución como la misma de Pinochet-Lagos si esta recobrara vigencia.
Todo ello se explica porque en ambos casos hay un alto número de ciudadanos que preferiría un nuevo proceso constituyente, reconociendo que en la propuesta de la Convención Constitucional hay aspectos muy valiosos, así como otros claramente inconvenientes.
El propio Presidente Boric ha declarado en público y privado que hay cuestiones que habría que corregir o suprimir en caso de que la mayoría aprobara la nueva Carta Magna. Así como también existen una infinidad de voces que al rechazar el texto en ningún caso desean prolongar la institucionalidad todavía vigente. Posiblemente habría sido mejor una papeleta electoral con más opciones, además de estas dos tajantes posibilidades y, por supuesto, las de anular el voto o dejarlo en blanco, cuyo cómputo debiera ser muy considerado a la hora del balance final. Así como también el número de los que insistan en abstenerse, pese a la obligatoriedad del voto.
Nos atrevemos a asegurar que, si alguna de las dos opciones no se impone con un margen considerable de sufragios, en la noche del próximo 4 de septiembre se expresarán celebraciones y frustraciones de ambos lados. Así como será difícil evitar que éstas no se vuelquen a las calles dando cuenta de algo que es innegable: la extrema polarización política y social que conmueve al país.
Si el proceso ciudadano que se extendió por un año en definir la propuesta por plebiscitar se hubiera mantenido como tal, es decir bien desvinculado de los partidos políticos y sus caudillos, probablemente con solo la diferencia de un voto la opción ganadora podría haberse legitimado e impuesto sin mayores contratiempos. Sin embargo, con la intervención de las numerosas y bulliciosas colectividades políticas, y la compleja irrupción de nuevas propuestas y reparos, todo augura que las tensiones se van a prolongar, y le brindarán una nueva posibilidad al Parlamento y a la clase política para negociar una solución constitucional que difícilmente pueda presumir de ciudadana y de alto consenso nacional. Como en realidad ha ocurrido a lo largo de nuestra historia.
Es curioso cómo han reaparecido en el debate público y los medios de comunicación personajes que ya habían perdido notoriedad y prestigio. Y hasta algunos ex mandatarios han aprovechado las circunstancias para mantenerse vigentes. Así como resulta extraño, asimismo que siendo hasta hace poco tan fustigados hayan recuperado adeptos según sea su postura frente a este nuevo desafío electoral. Después de treinta años de responsabilidad que de todas maneras les compete a todos por haberse favorecido de una constitución autoritaria, pese a sus retoques, y que tuvo siempre en entredicho la soberanía popular, así como pendiente la misma democracia.
Es claro que el proceso constituyente se enturbió dentro de la misma Convención por las acciones de algunos de sus miembros irresponsables y radicalizados que le terminaron restando autoridad y convicción a un buen número de integrantes bien inspirados y calificados, como dispuestos a acotar su tarea a la encomienda que se les hizo, sin aprovechar esta instancia como vocería de otros intereses y demandas, por legítimas que les resultaran.
De esta forma es como ya está instalado en Chile el temor respecto de lo que pueda suceder después de estos comicios, cuando además existen evidencias de que el malestar público sigue creciendo debido a la crisis económica y la abrupta pérdida del poder adquisitivo de la población. Como, además, por los gravitantes fenómenos de la inseguridad, el desarrollo del crimen organizado y la intensa e incontrolable confrontación en la Araucanía. Tanto así que crece el desinterés real por el proceso constituyente y no pocos chilenos se preparan para concurrir a las urnas para expresar su fastidio social, más que para definir el futuro institucional del país. En lo que para muchos será, más bien, una prueba de la aprobación o el rechazo a los nuevos moradores de La Moneda.
Se habla mucho de la posibilidad de un nuevo estallido social que, en la misma línea de lo que piensan algunos líderes mapuches, estime que no basta con los cambios de rostro en el Gobierno. Que es preciso emprenderlas contra el mismo orden establecido, el capitalismo, el régimen neoliberal y los privilegios de una minoría de chilenos que continúan viviendo en el estipendio y reacios a disminuir la desigualdad social.