Juan Pablo Cárdenas S. | Martes 7 de junio 2022
Ciertamente, resulta muy difícil disentir con el reciente mensaje del Presidente Boric frente al parlamento y el país. Un analista de derecha anota que los discursos de la izquierda siempre son más atractivos como estéticamente más hermosos, lo que es así, generalmente. Según se pudo apreciar, el texto del Primer Mandatario provocó más aplausos que discordancias.
¿Quién podría dudar de los buenos propósitos y vocación de servicio del Mandatario? Pero, asimismo, ¿Cuántos podrían negar hoy que Chile está marcado por las profundas desigualdades y que son millones los chilenos en la pobreza y la marginalidad? ¿Cuántos, incluso, podrían negar que estamos en un momento crucial de nuestra historia, aunque ya se han consolidado importantes cambios en relación, por ejemplo, a las injustas y absurdas discriminaciones de género que nos avergonzaban?
Por otro lado, ¿Cómo no consentir con la evidencia de habernos convertido en un país abrumado por la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico y otras lacras? O, ¿Cuántos podrían desconocer que nuestra economía está afectada por la inflación y la corrupción de importantes actores empresariales que, a diario, cometen francos crímenes (más de abusos) contra de los consumidores?
Por otro lado, ¿Quién podría desconocer el atraso experimentado por el déficit de viviendas, la falta de conectividad física entre nuestras regiones, así como lo arriesgado que resulta desplazarse hacia las llamadas macro zonas sur y del norte. Mientras que, en el centro del país, especialmente en la Capital, son cada vez más frecuentes las manifestaciones sociales iracundas, las quemas de microbuses, los asaltos armados a locales comerciales, el amedrentamiento a profesores, así como la destrucción de los establecimientos educacionales. Perpetrados, muchas veces, por niños y jóvenes menores de edad.
Es natural y saludable, entonces, la aprobación transversal que ha provocado un mensaje presidencial que fue muy cuidadoso en los términos, pero entregó muy poca claridad respecto de cómo el Estado podrá conseguir sus objetivos de mayor justicia y mejor democracia. A esta altura, prácticamente todos concuerdan en reprochar la onerosa deuda histórica del Estado en relación al Magisterio, así como ya se consciente en que miles de jóvenes pobres no deben mantener una pesada deuda por haber accedido a las universidades. Así como todos aceptan hoy la existencia de pensiones miserables y hasta desde la derecha se critica el discreto reajuste del salario mínimo, aunque sin duda sea superior a los incrementos salariales otorgados por gobiernos anteriores.
Lo curioso es que todos ahora “descubren” que el Estado tenía muchos más recursos de los que se creía y que tales reservas fueron capaces de sortear con éxito la pandemia y el ingente gasto que esto ocasionó a las finanzas públicas. Ingentes reservas monetarias como que a nadie se le ocurre, todavía, recortar los presupuestos de las FFAA y de las policías que se reconoce estuvieron manejadas por oficiales corruptos que malversaron en su favor enormes sumas de dinero. Muchos de los cuales se mantienen en la impunidad, porque pese a los años transcurridos siguen estando los uniformados en una condición de privilegio.
¿Qué duda cabe que será difícil financiar todo lo anunciado por el presidente Boric, si el solo pago de la llamada deuda histórica con los profesores, como la condonación de los créditos con aval del Estado (CAE) de los estudiantes universitarios, significarán nada menos que el equivalente a un presupuesto anual de la nación? Sumemos a lo anterior todo lo que el Presidente prometió en relación a la extensión de vías férreas, o la renovación y adquisición de armas “disuasivas” para Carabineros, además de cubrir los gastos de “inteligencia” tan indispensables en la lucha contra la delincuencia. Lo prometido, además, en el financiamiento de miles de viviendas “dignas” y de nuevas y ambiciosas obras de infraestructura, como la ampliación de puertos, embalses y otras iniciativas para mitigar la sequía que golpea especialmente a las zonas agrícolas. Además de aquellas inversiones que se harían ineludibles ante las predicciones de escasez y hambrunas a propósito de la guerra ruso ucraniana.
No es que supongamos que lo anunciado por Boric sea utópico o imposible de solventar. La verdad es que el diagnóstico del país y de lo que son las demandas más sentidas del pueblo imponen concretar lo anunciado lo antes posible si no se quiere que el país se deslice en la ingobernabilidad y la guerra civil, cuyos primeros síntomas de manifiestan en vastas zonas y poblaciones de Chile.
Con todo, de lo que dudamos es de la acogida que obtenga la convocatoria presidencial de unidad nacional para avanzar en el camino de la justicia y equidad social. Dentro de la oposición pensamos que predomina la idea de que el Gobierno y el Estado chileno deben acometer estos desafíos, pero sin las reformas que se imponen para financiar, entre otras urgencias, los salarios y pensiones dignas, la consecución de un nuevo sistema de salud, como un régimen educacional que garantice el acceso universal e igualitario. Mitigando o prohibiendo la codicia y el lucro en la atención de servicios fundamentales como el agua, la electricidad y el gas.
En efecto, la reforma previsional debe conseguir recursos efectivos para el Estado sobre la base de imponer elevados impuestos a las utilidades de las grandes empresas, al tiempo de imponer severos gravámenes al consumo suntuario y de los que más tienen, en un país en que la concentración de la riqueza es de las más escandalosas del mundo. En este cometido ya sabemos que la Derecha le pondrá al Ejecutivo fuertes obstáculos en el Parlamento, de la misma forma en que se opondrá a la posibilidad de que el Estado emprenda inversiones en la minería y otros rubros que estos sectores quieren que sigan reservadas a la iniciativa privada y al capital foráneo. Ni qué decir lo que los irrita el fomento del cooperativismo y las empresas auto gestionadas.
El gasto social sin duda amarga la existencia de los grandes y poderosos inversionistas, tanto que se legisle en favor de la asociación sindical, el derecho a la huelga y la reducción de la jornada laboral. La oposición política y empresarial es evidente que ya se están atrincherando en el Congreso Nacional y en las organizaciones patronales no solo para abortar la posibilidad de una nueva Constitución, sino para oponerse a las reformas económico sociales anunciadas por el oficialismo.
A la luz de nuestra propia historia, no hay duda que la militarización de la Araucanía, por la que abogan la derecha y otros sectores hipócritas o incautos, tiene por objeto encantar de nuevo a la Fuerzas Armadas y disponerlas para que impidan las justas demandas de los pueblos originarios, como de las de la población más vulnerable del país. Es muy posible que las acciones terroristas que se manifiestan en el sur y otras zonas rojas pueden estar acicateadas por el narcotráfico, pero también por los sectores que siempre han alentado la insubordinación castrense y aquellos cíclicos cruentos golpes de estado de nuestra historia.
El Presidente Boric deberá asumir que la unidad no puede incluir a aquellos sectores de vocación sediciosa y que, por ejemplo, aún son incapaces de reconocer el genocidio de la llamada “Pacificación” de la Araucanía, así como las crueles violaciones de los derechos humanos derivadas del Golpe Militar de 1973. Como lo dijo el propio Mandatario, se necesita luchar todavía por la verdad, la justicia y la reparación de tantas víctimas. Lo que requiere, según él mismo, encontrar a los detenidos desaparecidos. Todo un propósito que habría que ser muy incautos para suponer apoyo de la derecha antidemocrática.
Tal parece que el Gobierno ya se encuentra incómodo ante aquella revolución política, social y económica prometida por el Estallido Social y las movilizaciones populares. Por sus primeros signos, Gabriel Boric pareciera destinado a constituirse en un nuevo presidente reformista y acotado a “la medida de lo posible del ex presidente Aylwin”. Al conciliar posiciones con los que ya gobernaron con la Concertación y la Nueva Mayoría arriesga, por lo mismo, la decepción de los sectores más vanguardistas del país y que mejor representan las esperanzas de los oprimidos.
En el plano de las relaciones internacionales, asimismo, ya se ve como La Moneda busca la anuencia de Washington y de las potencias mundiales, más que estrechar sus vínculos con los regímenes progresistas y del Tercer Mundo. A la par que parecen suspendidas las condenas al neoliberalismo o el capitalismo salvaje, aunque felizmente todavía se mantengan en alto las banderas del desarrollo sustentable y compromiso por diversificar nuestras fuentes energéticas.
De todas maneras, la aprobación o rechazo de la nueva Constitución de seguro nos instalará en un nuevo escenario político, para bien, para mal o para que todo continúe más o menos igual. Lo que parece evidente es que el pueblo ya no está dispuesto a esperar más. Y sería esto lo que explica la rápida pérdida de apoyo en los sondeos de opinión experimentado por el nuevo gobierno.