Juan Pablo Cárdenas S. | Miércoles 4 de mayo 2022
Entre las transacciones más sorprendentes del mercado mundial destaca la reciente compra que ha consumado el que se cree el hombre más rico del mundo. Elon Musk está destinando nada menos que 44 mil millones de dólares a la adquisición de Twitter, una de las más poderosas y conocidas redes sociales. La noticia ha conmovido a la opinión pública mundial y da cuenta de la profunda brecha que existe en el mundo entre los ingresos de unos pocos y los de la enorme mayoría de la población. Si pensamos, además, en que solo 26 personas poseen lo mismo que 3 mil ochocientos millones de seres humanos, según lo enunciado por Oxfam Internacional.
En el caso chileno sabemos que nuestra inequidad social es de las más severas de la Tierra. Solo el 1% es el propietario del 49.6 % de toda la riqueza nacional, lo que nos ubica, conforme a los estudios del World Inequiality Report de este año, en el puesto veinticuatro en términos de desigualdad social entre 159 países con datos disponibles. Confirmando, con ello, nuestro índice del 0.47 del Informe Gini que marca en el mundo la concentración de la riqueza versus la pobreza extrema de cada nación.
Ya se sabe que nuestra desigualdad es la peor entre todos los países de la OCDE, entidad a la que pertenecemos, como también más aguda que la que prevalece en países como México y Brasil. Muy por encima, incluso, de la que existe en los Estados Unidos, el epicentro del capitalismo mundial y donde el uno por ciento de los habitantes más pudientes controla el 34.9% de la riqueza.
Las cifras de la pobreza y de la concentración de la riqueza son ciertamente pavorosas y en nada prácticamente se acorta la brecha entre el poder adquisitivo de los multimillonarios chilenos y los más desposeídos. Todo lo que hicieron los gobiernos que sucedieron a la dictadura pinochetista muy poco mitigaron las desigualdades y la cotidiana realidad de millones de chilenos, los que a causa de la pandemia y los nubarrones actuales de nuestra economía hoy se encuentran peor que antes, esto es con altos niveles de desempleo, bajísimos ingresos y un proceso inflacionario que castiga sobre todo el consumo de los más desposeídos.
De allí el descrédito en que terminaron los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, tanto como la gestión de Sebastián Piñera. Ello explica, por supuesto, el Estallido Social del 2019 y el malestar nacional que llevó a elegir como primer mandatario a actual Presidente Gabriel Boric, optando ahora por las izquierdas y el Partido Comunista por sobre los candidatos de la derecha y del centro político
Si los moradores de La Moneda tienen actualmente un mandato claro, más que brindarnos una nueva Constitución, es la redistribución de la riqueza nacional, mejorando los sueldos y las pensiones de los trabajadores y pensionados de manera significativa. Sin acotarse, por cierto, a un reajuste tan discreto del salario mínimo que, ya se calcula, no alcanzará siquiera para hacer frente al alza de los productos más esenciales, como el pan y otros de primera necesidad.
Todo indica que el país enfrenta hoy una crisis que solo podría superarse con prohibir la extrema riqueza y emprender necesariamente la expropiación de recursos en manos de la avidez y codicia de empresarios nacionales y extranjeros. Es decir, acometiendo aquello que tantos países del mundo han hecho para encarar las desigualdades y los abusos que afectan a las grandes mayorías.
Esta propuesta puede sonar desmedida sin que se considere que el derecho a las expropiaciones ya fue proclamado por el propio Paulo Vl en su última encíclica social, como lo fueron, junto con esos reiterados mensajes de los episcopados latinoamericanos en que se estimaba a la extrema riqueza como un grave pecado social. O si se atiende, también, a las ideologías de tantos partidos y movimientos sociales de todo el mundo, además de la opinión de la comunidad científica universal que, en el propósito de salvar el Planeta, ha concluido que las formas de producción capitalista, el consumismo extremo y la extensión de la miseria nos auguran el desastre completo. Sobre todo, si no se frena la carrera armamentista y la producción de armas de destrucción masiva.
En este sentido, es incomprensible que en tiempos de una gran crisis sanitaria, haya seguido elevándose el gasto militar, como lo señala el SIPRI sueco sobre todo el de la mayor potencia, con lo que este “Gran Gendarme Universal” se ha permitido asesinar después de la Segunda Guerra Mundial a varios millones más de habitantes en toda la Tierra, especialmente donde existen más recursos naturales y poblaciones pobres e inermes. Porque solo Estados Unidos parece tener la franquicia de invadir y apropiarse de los bienes ajenos, derribar gobiernos y pisotear la libre determinación de los pueblos. Con la complacencia abyecta, sin duda, de sus socios o lacayos europeos que ahora se lamentan de la invasión de Ucrania.
En un elocuente artículo de Gabriel Boric, publicado por El Mercurio pocas horas antes de su victoria electoral, nuestro actual gobernante dijo ser “testigo de los abusos de quienes, desde el poder económico y político, no han sabido o no han querido escuchar las señales de hastío y cansancio que se expresaron con fuerza a partir del Estallido Social: empresarios coludidos para aumentar sus ganancias, ministros que ironizan con el cansancio de la gente y autoridades que minimizaron las angustias ciudadanas”.
De allí que, en la pretensión de redistribuir el ingreso, como lo ha señalado su ministro de Hacienda, al Presidente no le debiera bastar con elevar en solo 40 mil pesos el salario de casi un millón de trabajadores, ingreso que seguirá 15 o 20 veces por debajo de lo que persiguen las autoridades del Estado y pretendidos representantes del pueblo. Claramente que este reajuste, convenido políticamente con la Central Unitaria de Trabajadores, no puede significar sino otra “minimización de las angustias ciudadanas” o una expresión más de los abusos cometidos hasta hace unos meses.
Asumimos plenamente que el Estado no puede hacerse cargo de todas las demandas salariales, previsionales, de salud, vivienda y educación con los recursos que hoy cuenta y recauda. De allí la necesidad de aprobar planes pro empleo y remuneraciones justas, pero también con el imperativo de asignar consistentes tributos a los más ricos y a las desmedidas utilidades de tantas empresas. Aunque lleva pocas semanas en ejercicio, mucho le habría complacido al país la adopción de querellas y otras medidas contra aquellos empresarios abusivos que se coluden para fijar los precios de sus productos o que burlan las leyes impositivas. Tal como lo denunciara el actual Mandatario apenas horas antes de asumir el Gobierno.
En medio de los aterradores índices de la criminalidad, de la protesta cada vez más extendida de norte a sur del país, se imponen medidas claras que signifiquen un cambio de rumbo en el ejercicio de la política. Sobre todo cuando a los actuales gobernantes hasta hace poco se les veía en las protestas sociales apoyando las demandas radicales o incluso revolucionarias como las representadas por el “NO + AFP”, la “educación gratuita y de calidad para todos”, el fin de las isapres y el término de las carreteras concesionadas, entre tantos otros objetivos de igualdad social, además de la por fin lograda paridad.
Desgraciadamente, lo que más se aprecia otra vez es el objetivo de dotar de más armas “disuasivas” a las policías, incentivar la inversión foránea y la mantención de un sistema de comunicaciones y medios informativos adictos al modelo económico vigente y, como se comprueba, reactivos a los cambios. Esto es de los arietes cotidianos de las ideas neoliberales que se prometieron abolir y que, de paso, impiden la diversidad informativa tantas veces prometida y postergada.
Por algo ya se teme que venga otra vez un más de lo mismo y, ciertamente, con las convulsiones sociales que, más temprano que tarde, van a provocar aquel “hastío y cansancio” que anotaba Gabriel Boric cuando todavía era candidato.