Juan Pablo Cárdenas S. | Miércoles 23 de marzo 2022
Es necesario recordar que el Estallido Social del 2019 fue gatillado por un alza en los valores de la locomoción colectiva que, por supuesto, rápidamente encendió todos los malestares sociales del país, dando origen a una protesta general masiva e inusitada en sus expresiones de violencia. Sabemos que la Pandemia ayudó al gobierno de Sebastián Piñera a salvarse de una inminente caída o derrocamiento. Esto prácticamente nadie lo duda, así como se acepta que son la desigualdad, el alto costo de la vida, las miserables pensiones de los jubilados y el salario indigno las principales causas de las revueltas sociales, en los que las demandas de la salud y la educación son muy relevantes.
Ciertamente, no fue la necesidad de una nueva Constitución la que movilizó a los chilenos ni tampoco, desgraciadamente, los atropellos de los Derechos Humanos. Hasta la corrupción flagrante de muchas autoridades políticas no fue motivo tan relevante en la ira de los chilenos, aunque dichas situaciones se constituyeran en poderosos condimentos del conflicto del pueblo con el Gobierno y el conjunto de la clase política.
Los partidos, el movimiento sindical poco tuvo que ver con esa espontánea rebelión popular y hasta los dirigentes estudiantiles, tan protagonistas en otras manifestaciones, cumplieron un papel más bien discreto en un proceso al que todavía se le asigna el mérito de haber avivado la Convención Constituyente y los resultados eleccionarios que vinieron.
De esta forma es que se puede temer un nuevo estallido popular si las demandas comprometidas en una solución por el gobierno actual no llegan a satisfacerse a mediano o, más bien, corto plazo. A pocas semanas de asumido el Presidente Boric, la opinión pública puede percibir los primeros desacuerdos o contradicciones entre las organizaciones políticas oficialistas, especialmente de boca de algunos ministros y del propio Jefe de Estado. En este sentido, parece muy poco comprensible que un nuevo retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales reciba una tajante oposición desde La Moneda, cuando todos tenemos frescas en la memoria las tres iniciativas aprobadas anteriormente y que fueran propiciadas justamente por varios de los nuevos secretarios de estado, subsecretarios y otros políticos de izquierda.
La desaprobación gubernamental al nuevo retiro no sería extraña si el Ejecutivo se apurara en promover una reforma contundente al sistema previsional como a concretar acciones que le permitan al país afrontar los graves problemas que enfrenta a raíz de la inflación desatada, el encarecimiento del crédito y la mantención de los salarios precarios. En este sentido, la promesa de elevar de 350 mil a 400 mil pesos el sueldo mínimo es a todas luces mezquino, sobre todo si el alza se concreta gradualmente como se propone. En relación a esto, solo consideremos que el precio del pan ya suma un alza del 50 por ciento, así como el gas, las gasolinas y la parafina una cifra similar. Sin considerar ese listado de productos de primera necesidad que todos los días también elevan sus precios.
Es posible atenuar la frustración social imputándole a la guerra ruso ucraniana parte de culpa en lo que sucede. Pero, por lo mismo, las autoridades debieran ser cautas ante este conflicto europeo, tratar de mantener distancia frente a los intereses creados en relación a este incordio internacional y, sobre todo, ejercer la independencia del país respecto de las presiones de Estados Unidos y algunos países europeos que, sin duda, van a resultar gananciosos de un conflicto que no los toca directamente, pero les permite estimular la venta de armas e imponer más fácilmente su hegemonía mundial. Nuestra Cancillería debería alentar ya los acuerdos entre todas las naciones latinoamericanas y del Tercer Mundo, más allá de las diferencias que existen entre ellas en el ámbito ideológico.
Cae por su propio peso que el Gobierno de Boric debe tomar acciones para regular la economía, ponerle freno a las empresas inescrupulosas, regular los precios y elevar los tributos a los que tienen más o infinitamente más entre los contribuyentes. Es inaceptable que mientras más suben los precios de los combustibles, La Moneda obtenga mayores beneficios tributarios y con ello se burle la dramática situación vivida por millones de usuarios.
Parece patético que, transcurrido tan poco tiempo, ya se aprecien en el Congreso Nacional los primeros acuerdos de la oposición con no pocos parlamentarios todavía partidarios del Gobierno. Al mismo tiempo que apenas terminado el jolgorio del cambio de mando, los canales de la televisión y la gran prensa, con las patronales empresariales estén alineando posiciones para oponerse a cualquier cambio y procurar volver lo antes posible al poder.
Paralelamente a lo anterior, es indiscutible que los índices de criminalidad siguen rampantes de norte a sur del país y tampoco se aprecian luces de solución en el conflicto de la Araucanía, con lo cual serán muchos los chilenos que pueden terminar mostrando desagrado con un indulto o amnistía general a esos presos de la revuelta social. Algunos de los cuales vandalizaron con su ira edificios patrimoniales, templos, propiedades privadas y públicas, como aquel sinnúmero de locales comerciales y medios de transporte que ninguna culpa tenían en las flagrantes e irritantes injusticias. Es evidente que existen grados muy diversos de responsabilidad entre todos los detenidos, procesados y condenados por estos hechos.
Todo esto es acicateado, además, por el triste espectáculo que nos está brindando la Convención Constituyente, donde los acuerdos o consensos parecen cada vez más dificultosos dado la falta de solvencia o por el sectarismo de muchos de sus integrantes. Tanto así que ya se habla de una tercera vía, es decir de una nueva instancia, en prevención de que en la elección popular que cierra el proceso no se obtenga la mayoría requerida para aprobar lo que resulte de la Carta Magna. Cuestión que se advirtió oportunamente, pero que fuera desestimado por la frivolidad o candidez de la política.