Juan Pablo Cárdenas S. | Domingo 14 de febrero 2021
Sabido es que la institución más desprestigiada en Chile es el Parlamento y, con ello, la mayoría de sus senadores y diputados. Así lo señalan las encuestas pero también la calle. Si bien en el pasado ser legislador era honroso y reconocido por el pueblo, hoy difícilmente algún parlamentario escape a los insultos cuando son reconocidos en la vía pública. Con ocasión del Estallido Social de fines del 2019 no fueron pocos los políticos que fueron abucheados y escaparon de ser linchados cuando intentaron confundirse con los miles de manifestantes a lo largo de todo el país.
De nuestros legisladores se piensa lo peor: que son corruptos, que reciben estipendios abusivos y que se aferran a sus cargos cerrándole el paso a las nuevas generaciones. No pocos se han visto envueltos en operaciones de cohecho y con ocasión de algunas leyes importantes para el país han vendido su conciencia a las grandes empresas, las que acostumbran a financiar sus campañas electorales. Varios casos se ventilan en los Tribunales pero muy pocos de estos personajes han resultado condenados, cuando se sabe que detrás del Congreso, la administración de la Justicia le sigue en el descrédito público.
Quizás por su mala conciencia o simplemente por ganar bonos en la ciudadanía, el Parlamento discute actualmente un proyecto para rebajar el número de “representantes del pueblo” como se autodenominan. Muchos quieren que el Congreso Nacional vuelva a estar integrado por 150 diputados y 50 senadores como era antes de una reforma que recién hace algunos años elevó el número de estos funcionarios públicos que, dicho sea de paso, tienen atribuciones muy limitadas en comparación a las que le otorgan otros países sin un régimen presidencialista tan marcado y autoritario como el nuestro.
La Oposición a Piñera piensa que esta iniciativa gubernamental es solo una jugarreta del Mandatario para recuperar su deteriorada popularidad, aunque con ello reconocen que, si fuera consultado el pueblo, la inmensa mayoría de los chilenos estaría por rebajar el número de legisladores a su mínima expresión, cuando además se los supone poco diligentes y se les imputa dedicar demasiado tiempo a sus reyertas políticas, a censurar a las testeras parlamentarias y a acusar a los diversos ministros de estado. Mientras que muchísimos proyectos de ley duermen por años a la espera de ser atendidos, despachados y promulgados. Lo que resulta muy absurdo cuando, por lo general, la centro derecha y la centro izquierda solo tienen matices de diferencias entre sí.
Con ocasión del proceso constituyente y la próxima apertura de la Convención Constituyente que deberá darle al país una nueva Carta Magna, se piensa que el Poder Legislativo prácticamente estará demás, cuando todo lo que decida podrá ser cuestionado y enmendado posteriormente por esta entidad que ciertamente debiera resultar más amplia y representativa de la voluntad soberana. Por algo algunos parlamentarios prefirieron abandonar sus curules a objeto de postularse como candidatos a integrar la Constituyente que deberá definir una nueva Constitución e institucionalidad que gravite al menos durante los próximos cincuenta años.
Por otro lado, a Sebastián Piñera le quedan pocos meses de administración y se ve muy improbable que alcance a promover iniciativas que prosperen en un parlamento cuya mayoría le es adversa. De allí que ahora prácticamente esté acotado a dirigir las acciones para encarar la pandemia, con la esperanza de recuperar algunos puntos en las encuestas, si es que logra dejar inoculada en los meses que le quedan a una parte importante de la población. Esto sería unos diez millones de habitantes.
Lo más probable es que en abril próximo, después de las elecciones de constituyentes, alcaldes, ediles y gobernadores, la atención pública se vuelque a los municipios y a los gobiernos regionales y a nadie le importe mucho lo que pase con estos parlamentarios e, incluso, moradores de La Moneda. De esta manera es que todos estos tendrán que conformarse con seguir recibiendo sus millonarios sueldos, viáticos y asignaciones para pagar asesorías en beneficio, por supuesto, de sus múltiples asesores y operadores políticos. Como así también lo más seguro que las cámaras y micrófonos del periodismo ya no se dirijan a los rostros de algunas decenas de parlamentarios que le deben al Covid 19 haber mantenido alguna visibilidad en los medios.
Se acercan, además, las elecciones presidenciales en medio de la incertidumbre más completa de lo que pueda ocurrir. Aunque ya se teme que los partidos políticos vuelvan a proclamar como candidatos a los mismos de siempre y que en la última consulta popular merecieron la reprobación de más de un 80 por ciento de los sufragantes. Esto es, al oponerse tan contundentemente a que los parlamentarios tengan sitio en la Convención Constituyente. Porque así de menoscabados están frente a la ciudadanía.
En este cuadro, lo más probable es que en los próximos comicios la abstención electoral crezca o se mantenga en niveles por encima del 50 por ciento de los potenciales votantes. Lo que no inquieta tanto a la clase política que busca retener sus cuotas de poder y privilegios en vez de aumentar su representatividad.