Juan Pablo Cárdenas S. | Miércoles 17 de julio 2019
En Chile hasta hace poco el narcotráfico y el consumo de estupefacientes no eran temas de mucha preocupación política. Nuestro país, se decía, a lo sumo sería solo un pasadizo de las drogas, pero hoy debemos reconocer que aquí se producen estupefacientes, se exportan al extranjero y los niveles de consumo, especialmente entre los más jóvenes, han llegado a superar el de muchos países de nuestra Región. Las lacras vinculadas al narcotráfico muestran dramáticamente sus efectos en los establecimientos escolares, los tribunales de justicia y las cárceles. Además de involucrar severamente a las poblaciones más pobres de las grandes urbes, aunque los recursos de este fenómeno sirva para mitigar, muchas veces, nuestra arraigada y vergonzosa desigualdad social.
Solo esta realidad puede explicar que millones de chilenos condenados al salario mínimo puedan incrementar sus ingresos, subsistir y acceder a los servicios más básicos, aunque muchos de ellos sigan privados en sus derechos a la salud, educación y vivienda digna. Cualquier cálculo que se haga, indica que el sueldo promedio de nuestros trabajadores hace imposible solventar su adecuada alimentación, vestuario o trasporte cotidiano. Mucho menos, todavía, el de sus familias o el más mínimo acceso a las expresiones de la cultura, el deporte y la sana recreación. De esta forma es que los niños y adolescentes pobres descubren en el microtráfico la posibilidad resolver sus carencias. Más todavía cuando en nuestro país se reprime con tanta dureza el comercio ambulante, cortando una posibilidad que tienen cientos de miles de familias de escapar de la miseria e, incluso, generando condiciones para que sean enrolados por la droga.
El gobierno de Piñera ha dado el paso de incorporara a nuestras FFAA al combate del narcotráfico, especialmente en los numerosos puestos fronterizos del país. Una medida audaz que ciertamente puede tener su pro y contra, como ha quedado demostrado en México, Colombia, Argentina, Brasil y otros países como Estados Unidos. Se trata todavía de una propuesta por implementar que ya suma partidarios y detractores, cuando hasta aquí esta tarea ha sido acometida por las policías.
Lo que se teme es que los militares, como también ha sucedido en otras naciones, puedan ser corrompidos por los enormes y seductores poderes del narcotráfico y que este fenómeno termine desmoronando la pretendida probidad de nuestros institutos armados. Por diversas y misteriosas razones, hay chilenos que mantienen confianza en la idoneidad de mundo militar, cuando es cosa de comprobar la cantidad de oficiales que están siendo procesados por corrupción en las distintas ramas de nuestra Defensa y seguridad. Como si no fuera también una expresión de su falta de probidad haber conspirado tantas veces contra nuestra institucionalidad y haber usado su poder y armas para matar a sus propios compatriotas, derribar gobiernos y organizar campos de exterminio y tortura. Junto con facilitarse toda suerte de leyes y condiciones de vida, ciertamente muy por encima de las que tiene la población civil. Sin que ello les haya exigido demasiado esfuerzo, como se sabe, o más trabajo, estudios o méritos, aunque sean propiamente castrenses, cuando hace más de un siglo en que no tenemos conflictos bélicos con nuestros vecinos.
Como reza el dicho popular, podemos temer que incorporar a estos uniformados a la lucha contra el narcotráfico sería como “amarrar con longanizas a los perros más rabiosos”. Facilitar la acción de los carteles de la droga y masificar hasta en los propios regimientos el consumo de estupefacientes. Quizás sea más razonable partir desde cero con la organización de una policía antidrogas ad hoc, independiente de las labores militares y policiales, la cual pudiera reclutar conscriptos y jóvenes que escapen del mando militar y policial actual tan desprestigiado por sus acciones. Y por los horrores cometidos en el presente y el pasado.
Sin embargo, lo más importante de todo es cuidar de nuestras instituciones republicanas y la honorabilidad de sus integrantes. Las clase políticas aquí y en otros países han sido prácticamente las primeras en dejarse seducir por los poderes fácticos dispuestos a financiar sus partidos y competencias electorales. Como es el caso de tantos gobernadores y parlamentarios que han consolidado verdaderos narco estados en el continente; o como también ha sucedido con tantos jueces y tribunales cooptados por las redes delictuales.
Chile puede quedar mucho más expuesto todavía al poder del narcotráfico si sus autoridades e instituciones republicanas no recuperan la fortaleza e independencia que tuvieron en el pasado. Para hacer frente, por ejemplo, a la abusiva inversión extranjera en la que muchas veces se solapa la penetración de los narcotraficantes, como ya sucedió con las concesiones de carreteras y la instalación en Chile de un Amado Carrillo, el llamado Señor de los Cielos. Por cierto, con la complicidad de algunos políticos, jueces y policías. Asimismo, el sometimiento de nuestro país a tantos tratados de libre comercio, amén de debilitar nuestra soberanía y ceder nuestras riquezas básicas, puede ser un severo inconveniente en la posibilidad de evitar la inversión de capitales indeseables.
Ni pensar siquiera lo que podría suceder si el propio Ejecutivo, los legisladores y los tribunales siguen al arbitrio de un Tribunal Constitucional constituido como un supra poder por la Constitución de Pinochet. Entidad que se mantiene vigente en lo esencial y que, de verdad, muy pocos políticos quieren acotar en sus atribuciones, ante la posibilidad que, a su turno, sus referentes ganen el control del organismo. Dado que la integración de sus magistrados se cuotea políticamente, salvo las muy honrosas excepciones de algunos de sus integrantes.
El abultamiento de nuestro gasto militar, los ingentes presupuestos que se destinan a las FFAA, además del mismo sentido común, indican que el camino debe ser la disminución de su personal y la supresión de sus privilegios. Que se termine con el absurdo de que los uniformados cuenten con hospitales propios, un sistema de previsión escandaloso en relación al de los trabajadores del país y la eliminación de la llamada Justicia Militar, que lo que hace en la práctica es favorecer la impunidad de los delitos cometidos por los denominados “hombres de armas”. Qué más podrían querer los narcotraficantes que contar con “burreros” uniformados que pudieran, a lo sumo, ser llevados a las fiscalías militares y, eventualmente, a sus cárceles de lujo, como sucede actualmente en otros ámbitos del delito.
Siempre es conveniente revisar la experiencia de otros países al respecto, donde se comprueba que la represión militar a los traficantes de drogas, además de infiltrar a sus agentes, ha llevado a los carteles a dotarse expeditamente de las armas para hacer frente a la represión y sumar a los estragos del consumo de drogas los de la violencia, el narcoterrorismo y los crímenes más espeluznantes.
Es cierto que habrían muchos militares o ex uniformados capaces de ejercer un notable servicio al combate de las drogas, pero ciertamente podríamos arriesgarnos a lamentar, mañana, una dócil sumisión de los militares al poder de los narcoproductores y traficantes. Por todo lo cual parece oportuno recordar que la mejor forma de combatir ésta y otras lacras es la justicia social, favorecer el empleo justamente remunerado, prohibir la extrema riqueza, ejercer una real soberanía sobre nuestro territorio y fronteras. No para cerrarles el paso a los inmigrantes que llegan con la ilusión de encontrar un trabajo digno, sino a tantos especuladores y delincuentes “de cuello y corbata” que vienen a empoderarse en nuestra geografía. Y que hoy, como tanto nos consta, tienen en jaque nuestros suministros más esenciales, como la luz y el agua potable.