Juan Pablo Cárdenas S. | Lunes 17 de junio 2019
Una investigación periodística de diario electrónico El Mostrador, basada en documentos oficiales que recién se dan a conocer, devela los inmensos privilegios previsionales que favorecen al sector pasivo de las Fuerzas Armadas. De esta forma, el Estado chileno gasta anualmente ingentes recursos para los uniformados en retiro, los que ascenderían este año 3 mil 230 millones de dólares. Esto es, el cinco por ciento de todo el Presupuesto de la Nación, cifra que supera por lejos los montos destinados a los demás rubros de nuestra ejecución presupuestaria. Parte demasiado grande del fruto del trabajo de millones de chilenos se va casi por un tubo cada año a la Capredena y Dipreca, las dos cajas de previsión de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Por sus numerosos dígitos, las cifras en pesos chilenos parecen imponderables para la opinión púbica, por lo que es preferible llevarlas a dólares para una mejor comprensión, como para que desde el extranjero se aprecie como las Fuerzas Armadas chilenas están en la cumbre de nuestro gasto general, lo que resulta todavía más escandaloso cuando se le suma el gasto operacional se los cuarteles, como el multimillonario gasto en la adquisición de armamentos. Varias veces demostrado que está por encima, en relación al tamaño de nuestra economía, al de la mayoría de los países del mundo y de nuestra Región. Barcos de guerra que se obsoletan, como aviones que se desbaratan en los ejercicios aéreos del Desierto, además de tanques y otros suministros que pueden llegar a costar más que una biblioteca comunal o regional.
No es muy difícil calcular cuántas inversiones productivas se podrían emprender con los recursos del gasto militar; cuántos caminos, hospitales escuelas y obras de infraestructura. Centrales de energía, por ejemplo, que colaboren a la descarbonización de nuestra industria, lo que hoy se promete a un dilatado plazo. O cuánto podría con este ahorro asignarle el mismo Estado a las jubilaciones de los pensionados civiles que en promedio reciben mensualmente unos 259 mil pesos, versus los 700 mil que obtienen los suboficiales en retiro.
Cuando en el país existe todo un debate acerca de los millonarios sueldos de los gobernantes y de los parlamentarios, lo cierto es que los oficiales de las Fuerzas Armadas son los que se lleven la tajada más grande del gasto público, por trabajar poco, cortos años y recibir otra suerte de privilegios en viáticos, gastos reservados, viajes y hasta buenas oportunidades de estafar al fisco, como está quedando en evidencia con los cientos de militares y carabineros procesados por la Justicia y ya condenados por ésta, después de toda una vida republicana de impunidad.
En la falta de dignidad de nuestras autoridades, en sus consabidos temores hacia el sector castrense, la política quiere discurrir reformas tributarias y alentar nuevas inversiones foráneas antes de plantearse lo que debería ser más lógico para satisfacer las urgentes demandas civiles, que hablan de un sistema de salud completamente estresado y de profesores que llevan décadas demandando el pago de la deuda histórica y un salario digno. Con tan solo disminuir un 20 o un treinta por ciento el personal, los sueldos y pensiones castrenses, nuestro presupuesto fiscal se vería en la posibilidad de contar con los recursos necesarios para hacer frente a las profundas inequidades, resolver las demandas mapuches de la Araucanía, estimular el empleo juvenil y erradicar todas las poblaciones marginales del país. Algo que gobierno tras gobierno se promete y no se cumple. Recursos que serían, desde luego, mucho más disuasivos para la paz que las armas.
Además de una millonaria liquidez, una reforma en tal sentido terminaría con las profundas asimetrías entre la vida de la inmensa mayoría de los trabajadores y la de los soldados, aportando a una verdadera reconciliación nacional después de los abusos y horrores cometidos por la última dictadura militar. Nada indica que el país deba estar eternamente preparándose para una guerra como las que tuvimos hace más de cien años y donde arrancaron todos estos privilegios castrenses, los que se evidenciarán y escandalizarán todavía más cuando se haga pública la información que se está demandando a través de la Oficina Nacional de Transparencia. Aunque en el cumplimiento de tal obligación, las distintas ramas de la Defensa se den maña para entregar toda la información que les es requerida.
Para partir, se haría propicio que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea disminuyeran considerablemente su personal y asumieran otras tareas más allá de sus conocidos juegos de guerra, como esas paradas militares que derrochan cada año millonarios recursos. Lógico también parecería que estas instituciones dejen de contar con hospitales propios y de lujo y suprimieran el consumo de tantos suntuarios en las ceremonias castrenses. Como ese enorme gasto en licores y cócteles descubiertos últimamente, además de esos abusivos viajes por Chile y al exterior de oficiales y familiares, cuando al propio Presidente de la República se le ha reprochado subir al avión presidencial a dos de sus hijos. En materia de probidad es mucho también lo que se puede hacer para evitar el mal uso de los recursos asignados a los comandantes en jefe, al tiempo que sacudirlos de tantas charreteras o jalones por méritos que muy pocas veces tienen en tiempos de paz o, incluso, de guerra, cuando sabemos que en los conflictos fratricidas que hemos enfrentado han sido los pobres, los campesinos y mineros los que han dejado su vida en el campo de batalla.
Quisiéramos que en el Parlamento o en los partidos se alzaran siquiera algunas voces para exigir lo que es más lógico y eficiente: rebajar considerablemente el gasto militar e ir igualando la condición de vida de quienes visten uniforme con la población civil. Hasta podrían rebajarse algunos impuestos que gravan el gasto de los más pobres y de la clase media. Y financiar derechos como el de la educación y la salud pública, garantizados para toda su población por países más pobres que el nuestro.