Juan Pablo Cárdenas S. | Viernes 12 de abril 2019
Anotábamos en mi columna anterior que las corrupciones e impunidades son los que más estimulan, ahora, los nuevos delitos que se conocen públicamente en esta era de las redes sociales. Que la corrupción de las instituciones y autoridades son las que incentivan las más graves transgresiones del presente, y que tienen tan impactada a la opinión pública nacional y también extranjera.
Pero podría tratarse de una vulgar hipocresía la actitud de quienes hoy rasgan vestiduras por la lenidad y el enriquecimiento ilícito de algunos magistrados. Cuando llegan a decir que la corrupción de los jueces es un fenómeno reciente y se constituye en un atentado a la credibilidad pública. Advirtiéndonos que después de lo obrado por algunos ministros de la Corte de Rancagua, por ejemplo, el país no va a confiar nunca más en la idoneidad de nuestros tribunales, en sus resoluciones o sentencias.
Extraña posición cuando se sabe que, desde siempre, nuestra Justicia ha sido clasista, ha discriminado entre ricos y pobres y avalado los más horrendos crímenes conocidos en nuestra historia. Si es voz populi que históricamente criminales de la alta burguesía nacional han salido ilesos en sus despropósitos, gracias a la presión ejercida por el dinero y el poder de sus familiares. Parricidios famosos, crímenes pasionales y graves atropellos de los patrones en contra de sus trabajadores llenan la historia oculta de nuestro país, así como desde nuestra Emancipación siempre la escribieron las fechorías de sacerdotes, militares y políticos. Crímenes que vinieron a emular los abusos de quienes nos conquistaron y tuvieron sometidos por tres siglos.
Se podrían contar por miles los casos de niños abusados en el campo y la ciudad cuyos ejecutores fueron exculpados por los jueces venales. Jóvenes “bien” que violan las leyes del tránsito y ocasionan víctimas fatales y que luego solo son detenidos por dos o tres días hasta que los tribunales acogen sus recursos de amparo. Así como el femicidio y el estupro llegaron a representar un derecho viril, al mismo tiempo que los tribunales justificaban la violencia machista en caso de infidelidad femenina.
Sorprende ver leer y escuchar en la televisión, la radio y la prensa a tantos opinólogos afirmando que con la corrupción de los jueces y algunos fiscales hemos llegado al colmo en la materia. Cuando hasta hace tres o cuatro décadas hubo magistrados que con sus propias manos torturaban a los presos políticos que la Dictadura les ponía por delante y ser negaban a reconocer culpabilidad. ¿Es que no quieren acordarse, acaso, de los centenares de recursos de amparo denegados? ¿De la vista gorda que hacían nuestras cortes ante los detenidos, torturados y ejecutados en los campos de concentración? ¿O de la violaciones que nuestros “valientes soldados” ejecutaban contra las detenidas? Claro: decenas de jueces y magistrados al servicio de los servicios secretos del Dictador que nunca llegaron a ser imputados y castigados, y hasta ascendieron en su carrera judicial durante los gobiernos de la posdictadura.
Sería bueno preguntarse por qué tantos chilenos se niegan a denunciar los delitos que les han afectado reiteradamente si se creyera en la integridad de los jueces. Reflexionar, además, por qué tantos narcotraficantes y empresarios inescrupulosos entran y salen rápidamente de los penales, o a lo sumo son condenados a devolver la mitad o menos del monto de sus estafas y colusiones. O si se prefiere, ¿por qué hay tantos que nos aseguran que a lo sumo serían uno o dos los políticos los que pudieran ser condenados por fraude al Fisco y evasión tributaria? Además de haber violado una y otra vez las leyes electorales.
En estos días un viejo tema vuelve a plantearse con los abusos que se cometen también en las notarías, cuyos titulares son nombrados por los tribunales en connivencia con La Moneda. Una institución arcaica que solo sirve para que los abogados mediocres y emparentados con las autoridades se aseguren un pudiente futuro al oficiar como “ministros de fe”, cuando en muchos casos su firma, además, es suplantada y estampada en miles de documentos por sus dependientes. Sin que muchos notarios lleguen a enterarse, siquiera, de lo que acreditaron con su rúbrica.
Escuchamos a una digna ex ministra de Corte reconocer que en materia de nombramientos en tribunales, juzgados y notarias prácticamente no hay quien obtenga un cargo si no es recomendado por los altos magistrados, el Gobierno o los parlamentarios. En toda una falta de transparencia y colusión, también, entre jueces y políticos, cuando son estos últimos los que todavía tienen la facultad de nombrarlos en las cortes de apelaciones y la Suprema. Como también se sabe que postulantes al máximo tribunal se han guardado, por ejemplo, cuadernos o aristas de bullados casos que comprometen a algunos políticos o ex gobernantes a fin de ser ascendidos, sin mayores inconvenientes, por el Senado de la llamada República de Chile.
¿Es que estos sorprendidos analistas olvidan los vericuetos de lo que aconteció en materia de Tribunales con la rapacería del Banco de Talca cometido por quienes terminaron forjando un enorme peculio personal y ”caja electoral” para incorporarse a la política? En el convencimiento, sin duda, que “un político pobre es un pobre político”.
¿Es que después de lo denunciado en la misma Corte de Apelaciones de Rancagua se puede mantener alguna confianza en las resoluciones que exculpan a los principales ejecutores del Caso Caval, esto es al hijo y la nuera de la ex Mandataria.
¿Es que podemos dejar inadvertido el trabajo de los lobistas que golpean las puertas de las cortes en el intento de “untar” a los jueces? ¿No es parte del lenguaje común reconocer hasta hace muy poco que habían dos bandos en la Justicia: la de los magistrados católicos y masones, respecto de los cuales de podían obtener resoluciones favorables, drásticas o benignas según fuera el caso? Con el respeto que nos merece la fe y la adscripción a instituciones intelectuales o morales, ¿no era esto de los bandos más bien un sinónimo de las bandas que han operado desde antaño en nuestros Tribunales. ¿De qué podríamos sorprendernos tanto ahora?
Y qué estará pasando con nuestras facultades de derecho cuando de sus aulas egresan tantos abogados, gana platas y mediáticos que inundan diariamente los noticiarios. Dedicados a servir a los inescrupulosos que ya tienen saturado el mercado judicial. Es decir a aquellos que les pagan muy bien por su defensa; esto es, ejerciendo un hábil tráfico de influencia para ablandar a los jueces. Especialistas en atender casi siempre a los victimarios y no a las víctimas de éstos. Ya sean, pedófilos, políticos, poderosos empresarios o miembros prominentes de la farándula nacional y transnacional.