Juan Pablo Cárdenas S. | Miércoles 26 de diciembre 2018
Es cuestión de observar lo que sucede en otros países para concluir que la represión policial finalmente es de responsabilidad de los gobiernos. Tanto en las dictaduras como en las democracias es ineludible atribuirles a las autoridades políticas los excesos o delitos que se cometen en la protección del orden público y en la neutralización de los adversarios. En nuestra propia historia republicana era corriente que algunos ministros de estado saltaran de sus cargos cuando las fuerzas policiales incurrían en crímenes, torturas o actos deleznables. Solo un porcentaje muy ínfimo de desvergonzados pretende eximir a Pinochet, hasta ahora, de los despropósitos de los agentes del Estado. Incluso las grandes masacres como las del Seguro Obrero, Ranquil y otras desde siempre se les imputan a los propios jefes de estado, aunque éstos hayan resultado impunes.
De ocurrir un crimen tan alevoso como el del comunero mapuche Camilo Catrillanca parece particularmente grave que el Presidente de la República y su ministro del Interior despojen de su cargo al Director General de Carabineros, cuya dependencia directa y fluida con La Moneda nos constaba a todos, así como las múltiples formas de confianza política que se le tributaban constantemente desde La Moneda. Es el Poder Ejecutivo el responsable de haberle asignado atribuciones especiales al GOPE de Carabineros, por lo que este atentado a una persona desarmada, y completamente fuera de cualquier disturbio o enfrentamiento, no es más que un horrendo crimen que se explica en los abusivos fueros otorgados en el proceso de militarización de la Araucanía.
Detrás de los autores materiales se debieran denunciar y castigar a los instigadores intelectuales de este homicidio, así como del delito de ocultar los hechos e propalar informaciones falsas desde la policía armada y algunos altos cargos de gobierno. Pero Chile no vive una auténtica democracia, lo sabemos, ni tampoco existe la independencia de los poderes del Estado que habitualmente se proclama, por lo que es fácil deducir que desde el Parlamento y el Poder Judicial se va a exonerar una vez más al Ejecutivo. Y la clase política, salvo muy contadas excepciones, va a conformarse con la destitución del mandamás de Carabineros.
La “solución” política de este caso obedece, por cierto, a la responsabilidad que tienen las dirigencias políticas en el escalamiento de la violencia en tierra mapuche, como en la nueva “pacificación” que han emprendido todos los últimos gobiernos, negándose a reconocer los derechos políticos, económicos y culturales de nuestro principal pueblo originario, pese a la demanda mundial que existe hacia Chile en tal sentido. Sebastián Piñera es solo el continuador de una actitud prolongada en el tiempo por un Estado autoritario, racista y discriminador. Completamente reiterada, por supuesto, por los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría. En la secuela de cobardes crímenes cometidos contra jóvenes mapuches es ineludible la responsabilidad de sus inmediatos antecesores, los que ni siquiera se atrevieron, como en este caso, a encarar a la superioridad de la policía uniformada y promover un juicio a sus hechores.
Aunque la Constitución de 1980, remozada por Ricardo Lagos, fija un procedimiento para destituir a los comandantes en jefe de la FF.AA y al Director de Carabineros, lo cierto es que el Poder Legislativo solo debe ser informado y se obliga a acatar lo dispuesto por el Presidente de la República. De esta manera, el fugaz protocolo solo sirve para que los moradores de La Moneda salven su responsabilidad en la designación y las instrucciones que les dan, o debieran, darle a todas las dependencias armadas de nuestra república. Así, además, la Contraloría General de la República, los tribunales y el propio Tribunal Constitucional nada en realidad pueden interferir en estos casos. Tal como quedara demostrado en este reciente procedimiento en que bastó un decreto del Ejecutivo y la toma de razón de todos los demás en menos de 24 horas. Sin autocrítica ni debate político al respecto.
Es obvio y muy natural que en Carabineros de Chile haya resentimiento después de la destitución de su superior jerárquico y otros diez generales, los que se suman al descabezamiento que afectó meses atrás a esta institución. En todo caso, hay que reconocer que la policía uniformada se ha ganado con justicia el desdén de la ciudadanía por todos los atropellos que a diario cometen sus efectivos. Porque no hay que olvidarse que a sus abusos de fuerza se suman las decenas de oficiales procesados por defraudar al fisco y otros múltiples ilícitos.
No hay duda, por supuesto, que la corrupción no es solo la de un grupo de carabineros como se empeñan es argumentar algunos políticos y medios de comunicación. Lo cierto es que la descomposición moral de sus integrantes es mucho más generalizada de lo que se reconoce. En una realidad en que muchas veces cuesta hacer el distingo entre los delincuentes comunes y los que se supone deben cuidar de la población, salvaguardándonos del crimen organizado, el narcotráfico y otras lacras ya consolidadas en nuestra cotidiana realidad.
Por cierto, la interminable transición a la Democracia es muy culpable de todo esto por las condescendencias otorgadas transversalmente por la clase política a los militares y policías. En los privilegios salariales y previsionales que mantienen , en los escandalosos presupuestos asignados para la carrera armamentista y en muchas de las inútiles las operaciones de nuestra ¿defensa nacional? Situación que ha llevado a la Fuerza Aérea a organizar recién una transmisión de mando institucional en el derroche de ingentes recursos que se le restan a la salud, la educación y otras demandas sociales. En las aparatosas y ridículas paradas militares y en esa cantidad de viajes, traslados y viáticos con que no solo se favorece a los militares, sino también a sus propios familiares. En varias oportunidades hemos hecho notar el embobamiento y complicidad de los ministros de Defensa e Interior a causa de las lisonjas que le prodigan los militares.
Como sabemos que las Fuerzas Armadas efectivamente deliberan políticamente y en no pocos casos de nuestra historia han llegado a derribar gobiernos y organizar campos de concentración y de tortura, debemos colegir que la remoción del Director de Carabineros debe constituirles un peligro y una advertencia a las tres ramas castrenses. Sobre todo cuando han estallado al interior de todas ellas tantas denuncias y casos de corrupción, algunas de las cuales ya se ventilan en los Tribunales. De allí que algunos oficiales en el ejercicio activo o retiro, pública o subrepticiamente, estén ya expresando su malestar con un gobierno de derecha que, probablemente por lo mismo, está demostrando mejor disposición que los anteriores en la necesidad de oponerle freno a sus excesos y privilegios. Incluso en materia de Derechos Humanos, cuando hasta aquí solo se ha practicado la “justicia en la medida de lo posible” postulada por Patricio Aylwin, reconociendo la necesidad de que prevalezcan formas de impunidad respecto de los hechores de tantos crímenes de lesa humanidad.
No sería raro que la “inteligencia militar” ya esté evaluando la facilidad con que el Gobierno de Piñera se “opero” de un amplio conjunto de generales de Carabineros y se proponga activar el descabezamiento también de los mandos superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Sin embargo, sería justo que los uniformados apreciaran que también los gobiernos son capaces de implementar exoneraciones y sancionar a los civiles que están por encima de ellos y son, en el caso de la Araucanía, los que diseñan la represión y alientan el uso de la violencia y el crimen, para después negar su autoría intelectual. De ellos hablan, sin ir más lejos, la “Operación Huracán”, implementada por el gobierno de Michelle Bachelet, como la denominada “Operación Jungla”, de la actual Administración. De las que se han derivado sus víctimas mortales: jóvenes mapuches, insistimos, desarmados y ultimados por la espalda.