Juan Pablo Cárdenas S. | Domingo 9 de diciembre 2018
En la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (medida en octubre y noviembre últimos) se consigna que el tema de las pensiones es la más alta preocupación del país, desplazando ahora al de la delincuencia, que tan denodadamente destacan o se valen los medios de comunicación para captar audiencia y lectura.
Todos sabemos que las asociaciones previsionales (AFPs) gastan ingentes recursos en publicidad y auspicios mediáticos para servir a su imagen, sin embargo pocas instituciones del país merecen estar tan desacreditadas como éstas cuando ha quedado al descubierto que se trata del negocio más lucrativo de todos los que se realizan en Chile, administrando las cotizaciones de millones de trabajadores. La inmensa mayoría de los cuales, como ahora queda nítido, están condenados a recibir jubilaciones de hambre después de los ahorros de toda una vida. En este sentido, existe también un estudio en cuando a que los que se pensionen en los próximos cinco o diez años no se recibirán más de 200 o 300 mil pesos mensuales. Esto es, igual o menos que el salario mínimo.
Tanto la Dictadura, como los gobiernos “democráticos” que la siguieron, lo que han hecho fue sacralizar un sistema previsional que ha empeorado considerable la suerte de los que se jubilen, en comparación a nuestros antiguos sistemas solidarios tutelados por el Estado. No cabe duda que el sistema AFP tuvo el propósito y resultado beneficiar a un reducido número de empresas ligadas a consocios y bancos extranjeros que por años han acaudalado millonarias utilidades sin garantizarle garantizarles a los chilenos de la tercera edad un retiro justo o digno. Tal es así que una de las grandes encrucijadas de quienes cumplen los 60 o 65 años de edad es la de decidir si siguen trabajando hasta su muerte o invalidez o se someten a una pensión miserable.
Esta realidad se expresa muy bien en la necesidad que han tenido los gobiernos de incentivar con recursos extraordinarios del Fisco el retiro de los funcionarios funcionaros públicos. Con lo que se persigue evitar el progresivo envejecimiento de quienes laboran en el Estado, las universidades y otras entidades públicas. Además de paliar los escuálidas pensiones que recibirán.
Surgida hace algunos años, la organización social NO+AFP ha tenido el mérito de plantearse ante la opinión pública con una dura crítica al sistema privado de pensiones concebido, como se sabe, por un hermano del actual Mandatario. Esta entidad social, presidida por Luis Mesina, ha sido capaz de convocar y movilizar a millones de chilenos en todo el país para exigirle a las autoridades el reemplazo del actual sistema previsional, sustituyéndolo por otro que se funde en la solidaridad de los trabajadores con quienes culminan su vida laboral, como ocurre en tantos países del mundo civilizado. De manera, además, de repatriar los millonarios fondos depositados en la banca o en inversiones foráneas a fin de que sea nuestro Estado y los propietarios legítimos de tales cotizaciones los que decidan su mejor inversión y administración.
La tozudez y corrupción tan propias de nuestra clase política no han cedido aún a una demanda nacional que ahora se ubica como el principal anhelo nacional, según los sondeos de opinión pública. Financiadas sus campañas electorales y sobornados por las más poderosos empresas del país, gobernantes de turno y Parlamento siguen dilatando una solución a la necesidad de obtener una jubilación justa, sin discurrir luego de tantas y multitudinarias movilizaciones una reforma previsional, que no se traduzca en retoques legales que enciendan aún más la protesta social. Renuentes, incluso, a fomentar un serio debate político y económico destinado, entre otros propósitos, a ponerle fin a los privilegios que en materia previsional y otros asuntos tienen las Fuerzas Armadas y las policías que, para colmo, se han hundido también en el fango de la corrupción, el fraude fiscal y el retorno a los procedimientos criminales, como el homicidio y la tortura a los mapuches, los opositores y disidentes.
Pese al desencanto nacional en relación a la política y el propio régimen democrático, lo más esperanzador actualmente en Chile es esta convocatoria de NO+APP y otras organizaciones sindicales y de DDHH. Toda una acción que ha despertado a la ciudadanía respecto de la forma en que este país crece, pero continúa sin repartir beneficios al grueso de su población, haciendo a los ricos cada vez más ricos y manteniendo a más de los dos tercios de nuestros habitantes en la incertidumbre y frustración, realidad que también lo expresan las encuestas.
Ni siquiera con los severos escándalos castrenses las autoridades se han animado a ponerle atajo a la desigualdad consagrada entre civiles y uniformados, tan bien alentada por la renuencia de Pinochet de incorporar a los militares al sistema previsional que empezara a regir durante su gobierno. Una situación que se manifiesta cada año, por lo demás, en la discusión de la Ley de presupuesto, en que las partidas de recursos siguen favoreciendo la inútil y onerosa carrera armamentista, así como el ocio de los cuarteles militares. Llegando a extremo, hace unos pocas semanas, de destinar millonarias cifras de dinero para celebrar el nombramiento de un nuevo Comandante de la Fuerza Aérea, recursos que ya se las quisieran la salud, la educación y las obras de infraestructura tan pendientes. Episodio que obligó a Sebastián Piñera a plantear su molestia al respecto, aunque después del consumado derroche.
Obviamente que ya no es posible confiar ni los más mínimos aires de justicia a nuestros representantes políticos de La Moneda y el Parlamento. La propia discusión legislativa sobre el reajuste de sueldos es una prueba de la forma en que siguen coludidos los intereses patronales, los políticos e, incluso, los abyectos referentes sindicales. Los chilenos, al respecto, parece que ya no tenemos más solución que irrumpir en las calles y pueblos para acosar al poder y los grupos fácticos. Cuestión que ya se ve se hace demostrativa de nuevo en otros países de la Tierra, particularmente en Francia, donde la molestia social y la movilización ciudadana prometen el advenimiento de una nueva era republicana. Después del fracaso de las orientaciones neoliberales.