Juan Pablo Cárdenas S. | Lunes 12 de noviembre 2018
El crimen político es tan antiguo como la historia misma de la Humanidad y representa una acción muchas veces deleznable, pero en otros casos hasta es considerada necesaria y heroica. Los códigos de conducta moral hasta legitiman los magnicidios cuando éstos tienen el propósito de un bien social mayor. Hay que reconocer que la violencia ha acompañado, para bien y para mal, todas las grandes transformaciones y que, en muchas oportunidades, quienes la han ejercido reciben posteriormente el título de héroes, patriotas o libertadores.
Bolívar, San Martín, Sucre y O’Higgins, entre tantos otros, jamás han recibido el título de terroristas por haber ejercido la guerra contra los ocupadores europeos de nuestros territorios. Por haber tomado las armas, pero muchas veces, también, provocado sangrientas emboscadas, juicios sumarios y diversos actos luctuosos para eliminar a sus enemigos. No hay movimiento de liberación en el mundo en que las armas no hayan jugado un papel fundamental y tanto en América y los demás continentes los rebeldes han terminado en los altares de nuestras correspondientes patrias, culturas y civilizaciones.
En ningún caso se trata de hacer una apología de la violencia; solo consignar lo que se ha comprobado con creces. Lo que hoy rechaza el mundo son las acciones de violencia ejercidas por quienes se rebelan contra el orden legítimamente constituido. De allí que un alzamiento como el de Pinochet en 1973 haya recibido el repudio universal y el bombardeo a La Moneda y el magnicidio de Salvador Allende representen el acto terrorista más repugnante de la historia de Chile y de nuestra Región.
De lo anterior es que al término de la dictadura pinochetista se imponía esclarecer los hechos, identificar a los violadores de los Derechos Humanos, condenar a los culpables y reparar a las víctimas de la represión. Sin embargo, los gobiernos que siguieron al de Pinochet solo se propusieron lo del ex presidente Patricio Aylwin: “hacer justicia solo en la medida de lo posible”. De allí es que la impunidad se haya hecho tan extendida e, incluso, en el caso del mismo Dictador, de quien se abortara la posibilidad de haberlo condenado a cumplir una ejemplar sentencia internacional. Para colmo, bajo la promesa de juzgarlo en nuestro país, engañando con esta promesa al gobierno inglés que finalmente lo liberó.
Después de varias décadas, salvo los militares recluidos en el cómodo penal de Punta Peuco, lo cierto es que la gran mayoría de los victimarios están libres y mantenido sus rangos castrenses. Renuentes hasta hoy a colaborar con las investigaciones judiciales, reconocer el paradero de los detenidos desaparecidos, mientras van ascendiendo posiciones, además, en su carrera militar, especialmente en el Ejército. En posición de todos sus grados y charreteras, millonarias pensiones y otra serie de privilegios propios de la casta nacional uniformada.
Asimismo, los civiles que instigaron el Golpe de Estado, que ocuparon altos cargos en el gobierno de Pinochet y se enriquecieron al abrigo de la Dictadura no han tenido sanción alguna. Como en el caso de Julio Ponce Lerou, han seguido favoreciéndose, incluso, de los sucesivos gobiernos de la Concertación y de Sebastián Piñera. Recurriendo, también, al soborno transversal de los legisladores y partidos políticos para conseguir su cometido y salvar de la Justicia como golpistas y ladrones.
Como se sabe, Jaime Guzmán Errázuriz, el fundador de la ultraderechista UDI, fue elegido senador de la República gracias a un sistema electoral binominal reconocido como profundamente antidemocrático. Fue premiado por la posdictadura, al igual que otros, con un alto cargo público y hasta su muerte no había recibido rasguño alguno como uno de los grandes promotores del alzamiento militar. Lo que le permitió convertirse después en el gran autor de la Constitución espuria de 1980 que hasta hoy nos rige. Consolidando un pretendido “estado de derecho democrático”, el que a diario es proclamado como tal por los pinochestistas, las colectividades de la derecha y de la autodenominada centro izquierda.
El extinto senador Guzmán no fue requerido por tribunal alguno y luego de muchos años de impunidad resultó “ajusticiado” por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en uno de sus actos más reconocidos por su eficiencia y sentido político, después de que le fracasaran otras acciones como el frustrado atentado contra el propio Dictador. La víctima encarnaba mejor que nadie el ideario y los despropósitos consolidados el 11 de septiembre de 1973, pero también los esfuerzos y logros de la derecha, los grandes empresarios y los Estados Unidos por seducir a los partidos y movimientos opositores que finalmente se allanaron a una salida “pacífica” . En la que debía sacralizarse el sistema institucional todavía vigente, el modelo económico neoliberal y se cometerían todos los esfuerzos para que el golpismo y sus secuaces resultaran sin mácula social, juicio y sentencia. Gracias, también, a la ley de amnistía de Pinochet como a los jueces cómplices y abyectos que continuaron en sus cargos con la complacencia de los nuevos gobiernos.
Pero todo esto hasta que el juez español Baltasar Garzón, y la detención en Londres del Tirano, le corrieron el velo a los acuerdos cívico militares y generaron una ola de protesta nacional que finalmente sacó de su letargo, o les confirió ánimo, a los jueces dignos, que llevaron a la cárcel a los principales agentes de la siniestra Dina. Pero en ningún caso a los civiles como Jaime Guzmán, como a los que siguen protegidos por la CIA después de haber ejercitado el terrorismo de estado.
Es imposible conciliar posiciones sobre el uso de la violencia política y la existencia de fenómenos como los llamados ajusticiamientos que han recorrido, insistimos, toda nuestra historia. Como aquel atentado, por ejemplo, contra el reconocido autor de nuestra institucionalidad pos Emancipación: Diego Portales. Para muchos, el constructor de nuestra primera República que, de democrática, en realidad, tenía bien poco, tal como hoy sucede.
Lo que no se puede obviar es que el crimen de Jaime Guzmán tiene base en la impunidad que lo favoreció. A esta altura, es innegable que en el pueblo chileno el ánimo de venganza simplemente no ha existido, o ha sido demasiado circunstancial en comparación a otros desenlaces políticos del mundo y de nuestra región. Por el contrario, cuando tantos familiares de ejecutados y víctimas de la tortura mueren en la desesperanza. Sin recibir justicia y reparación, además de haber recibido los consabidos portazos de las autoridades, como el mismo desdén de las agrupaciones políticas que antes los indujeron a perder la vida, la libertad y el derecho a vivir en su país como ex combatientes.
Quienes hoy vociferan contra la decisión francesa de otorgarle el asilo político al autor del atentado contra Guzmán, ojalá entiendan que la impunidad es la que siempre alimenta la comisión de justicia por mano propia. Una prolongada ausencia de justicia que además comprueba las sospechas que hoy merece nuestro “estado de derecho”, cuanto la falta de independencia de muchos de nuestros jueces y tribunales. A lo que se puede agregar la falta de voluntad de nuestra clase política de contribuir a la verdad de los terribles episodios represivos fomentados por quienes en su hora fueron hasta Londres a solidarizar con Pinochet y exigir su liberación, y hoy están airados por la protección francesa a un autentico disidente de la Dictadura.
Si hasta hoy Europa persigue a los autores del genocidio fascista y a los criminales de guerra, ¿por qué sus gobiernos democráticos tendrían que hacerse cómplices de las horrendas dictaduras cívico militares vividas por nuestros países? ¿Es que nuestro “estado de derecho” garantiza la justicia, cuando Pinochet fue sepultado hasta con honores militares y políticos gracias al consentimiento de quienes antes habían sido sus opositores? ¿Y su herencia sigue tan presente en toda nuestra institucionalidad?