Juan Pablo Cárdenas | Jueves 29 de marzo 2018
Constantemente se nos advierte que Chile, a diferencia de otros, no es un país corrupto. Sin embargo, todos los días se suceden las denuncias de actos ilícitos cometidos por políticos que son sobornados y reciben estipendios escandalosos; por empresarios que se coluden, evaden o eluden sus impuestos; por las utilidades escandalosas recibidas por isapres y AFP derivadas de las cotizaciones de todos los trabajadores y, cada vez más recurrentemente, por los “desvíos” de dineros burlados al erario nacional de parte de los altos oficiales de las FFAA y las policías.
“No hay corrupción en Chile” se nos replica, salvo la que practican unos pocos políticos, empresarios y militares. Aunque también constituyen corrupción los abusos cometidos por sacerdotes, obispos y otros líderes religiosos, así como se ha reconocido el inescrupuloso lucro obtenido de la administración de las universidades y de los establecimientos educacionales. Con cada cambio de gobierno se descubre a centenares o miles de operadores políticos zánganos enquistados en la Administración Pública sin que sepa a ciencia cierta qué realizan, aunque sí se sabe que ganaban más que los funcionarios de planta o carrera.
Tiempo atrás se descubrió que en las propias federaciones estudiantiles hubo malversación de dineros que comprometieron gravemente la honra de los jóvenes y promisorios dirigentes, quienes inflaban gastos y falsificaban boletas para meterse dinero en sus bolsillos y organizaciones. Así como también estallaran, además, las denuncias en la propia Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, por situaciones que todavía no se aclaran efectivamente.
“No somos un país corrupto”, se nos reitera, y a cada rato se sabe de licitaciones públicas que son arregladas, de obras públicas que no cumplen con los estándares de seguridad exigidos y comprometidos por las empresas que los acometen. De los sobornos, también, a los alcaldes y concejales, varios de los cuales ya han sido sancionados por los propios tribunales, Aunque sabemos que abundan los jueces y fiscales abyectos e inmorales que arreglan también sus resoluciones conforme a quien los compre o les prometa un ascenso. Como tan escandalosamente lo pudimos observar en el primer Fiscal del Escándalo Caval, de apellido Toledo. El mismo que se negara a formalizar al hijo de la Presidenta para, unos años después, ser recompensado por un cargo notarial que prometía ser muy lucrativo para él si el nuevo gobierno no hubiera desbaratado el nombramiento.
Podríamos hablar mucho tiempo sobre los despropósitos de la Asociación Nacional de Fútbol, la ANFP, de lo sucedido en el tenis y otras ramas del deporte, como de las cantidades de dirigentes enriquecidos en el tráfico de futbolistas y por vender su voto en las organizaciones internacionales en favor de los multimillonarios mandamases de la FIFA, por ejemplo. Así como hemos quedado estupefactos de las operaciones fraudulentas con los dineros del Servicio Nacional de Menores, del hoy intervenido Sename, donde además se le quitaba la vida a los menores desvalidos y varios sostenedores de echaban al bolsillo los recursos para la rehabilitación de los niños.
“No somos un país corrupto”, se nos insiste una y otra vez, pese a las pensiones fabricadas por la esposa de un conocido dirigente socialista y otros personajes favorecidos por los privilegios que existen para los jubilados de las FFAA, de las policías y Gendarmería. Si en esto de la delincuencia, que también es corrupción, las cárceles están reventadas de asaltantes y criminales, algunos de los cuales destacan en la nómina mundial de los más grandes delincuentes.
Claro: ya sabíamos que entre las Fuerzas Armadas y Carabineros proliferaban los asesinos y los torturadores, pero de verdad no alcanzábamos a suponer que también abundaban en sus filas los ladrones. Al grado que el desfalco mayor en nuestra historia criminal es el de la policía uniformada que ya lleva más de un centenar de detenidos y formalizados… Así como en cada compraventa de armas ha habido oscuros desvíos e incluso testigos asesinados.
“Pero están detenidos y fueron formalizados”, se nos dice en favor de nuestra probidad nacional, cuando todos sabemos que estos bullados delitos después se hacen agua o concluyen culpando a los más débiles para que se escapen impunes los peores: Como sucediera en tantos otros episodios de corrupción, como el MOP GATE, donde hubo crímenes y hasta suicidios que nunca se aclararon o quedaron impunes. Porque los delitos, en este país, si se mantienen un tiempo en reserva terminan prescribiendo y cerrándose sus expedientes. Como sucederá con el caso PENTA y otros en que sus palogruesos miembros del empresariado y la política se confabularon para asaltar al fisco y destinar recursos para engañar a los ciudadanos y sufragantes. Para consumar el cohecho masivo que tanto afecta nuestra pretensión de estado democrático.
Se requeriría de una enorme investigación para descubrir las anomalías que se practican en nuestras embajadas y que atañen a muchos de nuestros diplomáticos cada vez más favorecidos por destinaciones, viajes y millonarios viáticos que en nada se justifica actualmente en nuestro mundo global e intercomunicado. Como los que han estado medrando en la Haya.
Y ni hablemos, por último, de las colusiones en el comercio establecido, de las grandes estafas cometidas por las multitiendas, los laboratorios, las farmacias, los productores de papel, pollos y cerdos en contra del bolsillo de los millones de consumidores.
¿Y usted va a seguir comulgando con ruedas de carreta, como se dice, con quienes nos aseguran que Chile no es un país corrupto? O que corruptos son nuestros vecinos. Todos los demás; menos nosotros.